El PP propone reducir al 4% el impuesto de compra de vivienda de segunda mano para jóvenes en sus comunidades.
OVIEDO, 12 de enero. En un evento clave celebrado en Asturias, el presidente del Partido Popular (PP), Alberto Núñez Feijóo, ha presentado una serie de medidas orientadas a facilitar la adquisición y el alquiler de viviendas, con un enfoque particular en los jóvenes. Feijóo ha destacado un acuerdo con los líderes autonómicos de su partido para reducir en sus respectivos territorios el impuesto de transmisiones patrimoniales al 4% para la compra de la vivienda habitual por parte de los jóvenes.
Además, desde el PP se propone mejorar el acceso a hipotecas para quienes tengan menos de 40 años, facilitando herramientas como avales que permitan cubrir hasta el 100% del precio de la primera vivienda. Otro de los puntos que se quieren abordar es la reducción de la carga fiscal sobre el sector inmobiliario, simplificando los procesos fiscales tanto para la construcción como para la transmisión de inmuebles.
En su intervención en el Hotel de la Reconquista de Oviedo, Feijóo ha expresado un fuerte compromiso del PP por bajar impuestos a todos los ciudadanos. "Vamos a reducir impuestos a quienes compran, a quienes alquilan y a quienes arriendan", subrayó, enfatizando que la ciudadanía está "harta de un sistema que les ahoga con impuestos y limitaciones" que afectan directamente su calidad de vida.
El lema de su campaña, 'La política que sirve', resuena a lo largo de sus propuestas, en las que se reconoce que la crisis de la vivienda es uno de los problemas más apremiantes en España. Feijóo advirtió sobre la difícil situación que enfrentan especialmente los jóvenes, quienes lidian con salarios bajos y un elevado índice de desempleo juvenil, "el más alto de Europa". Esta situación es igualmente alarmante para propietarios que sufren la ocupación de sus inmuebles, así como para los promotores que enfrentan múltiples obstáculos en el mercado.
Con el objetivo de abordar esta problemática, la 'Declaración de Asturias' incluye un conjunto de diez medidas que constituirán el inicio de un Plan Nacional de Vivienda, el cual se dará a conocer en las próximas semanas. Entre estas medidas se encuentran incentivos fiscales dirigidos a grupos específicos, tales como jóvenes, personas con discapacidad, familias numerosas, víctimas de violencia de género y áreas que enfrentan el riesgo de despoblación.
El PP también contempla la promoción de la construcción de viviendas de alquiler asequible a precios hasta un 30% inferiores a los del mercado, utilizando suelos públicos para desarrollar dichas iniciativas. La movilización de terrenos patrimoniales y la flexibilización del marco regulatorio para la construcción de Viviendas de Protección Oficial (VPO) son otras de sus prioridades, buscando así ayudar a aquellos que no califican para vivienda social pero que igualmente enfrentan dificultades para acceder al mercado libre.
Una de las líneas clave de la propuesta es ofrecer incentivos a promotores y constructores para fomentar la vivienda protegida, con la aspiración de replicar el exitoso modelo que transformó a España en un país de propietarios durante las décadas de los 80 y 90. La simplificación administrativa y normativa también se erige como un objetivo fundamental en el accionar del PP para garantizar un mercado más accesible y eficaz.
La citada declaración enfatiza la necesidad de una "política útil", en la que se priorice la vivienda, el mercado abierto y la reducción de carga burocrática. En el encuentro, el PP también criticó la parálisis del Gobierno central, achacando sus problemas internos de corrupción y división a la falta de una acción ejecutiva efectiva. En respuesta, el PP plantea reformas urgentes en áreas como la economía, la inmigración irregular y la sostenibilidad de los servicios públicos.
Reiterando su compromiso con la lealtad institucional, los líderes del PP sostienen que cualquier cambio en el modelo de financiación debe ser acordado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que la AIReF ha de participar en su análisis. Destacan su rechazo a privilegios que rompan la caja común en la financiación autonómica, defendiendo la convocatoria de un CPFF que analice el nuevo sistema de financiación autonómica y que frene cualquier intento hacia la independencia fiscal solicitado por el separatismo.
El Partido Popular también aboga por una política fiscal que busque atraer inversiones y mejorar la competitividad y la productividad, señalando la urgencia de recuperar en 2025 el IVA reducido para alimentos básicos, lo que incluye carne, pescado y conservas. Además, defienden la separación de poderes y la libertad de prensa, advirtiendo sobre "la deriva antidemocrática" del Gobierno actual que, según afirman, atenta contra estas libertades fundamentales.
El PP argumenta que "no se puede permitir que jueces y periodistas sean señalados" ni que se implementen cambios normativos que busquen favorecer la impunidad de quienes están vinculados al Gobierno. Esta preocupación surge como respuesta a los escándalos de corrupción que han impactado tanto al Ejecutivo como a su entorno cercano, erosionando así el prestigio y la confianza en las instituciones del país.
Dicho esto, el PP exige el respeto a las decisiones parlamentarias y denuncia la sistemática inobservancia de acuerdos aprobados por el Congreso y el Senado por parte del Ejecutivo. La necesidad de evitar que el parlamento sea secuestrado por intereses políticos es crítica para ellos, asegurando que se debe permitir la alternancia política en una democracia saludable.
En su 'Declaración de Asturias', el PP también critica la manipulación institucional y el uso de recursos públicos con fines partidistas, argumentando que esto representa una forma de corrupción que perjudica la calidad democrática del país. Con esto, el partido se compromete a seguir abordando la situación de la vivienda y la política migratoria, además de reafirmar su compromiso con la defensa de las democracias a nivel global y la integración dentro del proyecto europeo. En este sentido, se comprometen a mantener reuniones periódicas para discutir y buscar soluciones a los principales problemas que afectan a los ciudadanos.
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