El PP cuestiona el cumplimiento europeo en la infraestructura ferroviaria Teruel-Sagunto
El PP solicita a Bruselas verificar si España cumple la normativa europea en el tramo ferroviario Teruel-Sagunto, clave para la cohesión territorial aragonesa.
El Partido Popular ha presentado una pregunta formal ante la Comisión Europea para investigar si España cumple con los requisitos de la red transeuropea en el tramo ferroviario Teruel-Sagunto. La preocupación surge tras el Estudio Informativo del Ministerio de Transportes, que propone una infraestructura de vía única y velocidades inferiores a las establecidas en 2024 por la Unión Europea.
Este tramo forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo y debe cumplir con la normativa europea, que exige electrificación, capacidad para mercancías y trenes de hasta 740 metros. La Comisión Europea había anticipado en 2024 velocidades mínimas de 160 km/h para pasajeros y 100 km/h para mercancías, condiciones que el estudio de España no refleja.
El análisis del Gobierno español contempla solo opciones de vía sencilla, con velocidades de 100 a 140 km/h, descartando alternativas de doble vía y altas prestaciones, por considerarlas más costosas. El Partido Popular denuncia que esta decisión prioriza la inversión menor en detrimento de una infraestructura moderna y competitiva, necesaria para el desarrollo del interior aragonés.
El eurodiputado Borja Giménez Larraz ha criticado duramente la elección del Ministerio, señalando que la infraestructura diseñada no responderá a las necesidades futuras de la región. Para Giménez Larraz, esta situación refleja una falta de voluntad política para invertir en el crecimiento de Teruel y Aragón, afectando su cohesión territorial y lucha contra la despoblación.
Desde hace más de veinte años, las organizaciones locales y regionales reclaman una infraestructura ferroviaria adecuada, que permita conectar la región con los principales polos económicos del país y de Europa. La postura del PP europeo pretende que Bruselas clarifique si España está incumpliendo la normativa y qué medidas puede adoptar la Unión en caso de incumplimiento.
En un escenario más amplio, esta controversia refleja las tensiones entre la inversión en infraestructuras estratégicas y las prioridades políticas nacionales. La resolución de esta cuestión será clave para garantizar que Aragón no quede excluida de los proyectos de desarrollo europeo en transporte y logística en los próximos años.