El PP cuestiona el cumplimiento europeo en la infraestructura ferroviaria Teruel-Sagunto

El Partido Popular ha presentado una pregunta formal ante la Comisión Europea para investigar si España cumple con los requisitos de la red transeuropea en el tramo ferroviario Teruel-Sagunto. La preocupación surge tras el Estudio Informativo del Ministerio de Transportes, que propone una infraestructura de vía única y velocidades inferiores a las establecidas en 2024 por la Unión Europea.

Este tramo forma parte del corredor Cantábrico-Mediterráneo y debe cumplir con la normativa europea, que exige electrificación, capacidad para mercancías y trenes de hasta 740 metros. La Comisión Europea había anticipado en 2024 velocidades mínimas de 160 km/h para pasajeros y 100 km/h para mercancías, condiciones que el estudio de España no refleja.

El análisis del Gobierno español contempla solo opciones de vía sencilla, con velocidades de 100 a 140 km/h, descartando alternativas de doble vía y altas prestaciones, por considerarlas más costosas. El Partido Popular denuncia que esta decisión prioriza la inversión menor en detrimento de una infraestructura moderna y competitiva, necesaria para el desarrollo del interior aragonés.

El eurodiputado Borja Giménez Larraz ha criticado duramente la elección del Ministerio, señalando que la infraestructura diseñada no responderá a las necesidades futuras de la región. Para Giménez Larraz, esta situación refleja una falta de voluntad política para invertir en el crecimiento de Teruel y Aragón, afectando su cohesión territorial y lucha contra la despoblación.

Desde hace más de veinte años, las organizaciones locales y regionales reclaman una infraestructura ferroviaria adecuada, que permita conectar la región con los principales polos económicos del país y de Europa. La postura del PP europeo pretende que Bruselas clarifique si España está incumpliendo la normativa y qué medidas puede adoptar la Unión en caso de incumplimiento.

En un escenario más amplio, esta controversia refleja las tensiones entre la inversión en infraestructuras estratégicas y las prioridades políticas nacionales. La resolución de esta cuestión será clave para garantizar que Aragón no quede excluida de los proyectos de desarrollo europeo en transporte y logística en los próximos años.