El Gobierno de Aragón rechaza declarar zonas tensionadas ante la ley estatal de vivienda

El consejero de Fomento de Aragón, Octavio López, ha expresado su oposición a la declaración de zonas tensionadas en la comunidad, considerándolas perjudiciales y alegando que la ley estatal de vivienda no soluciona los problemas reales. A pesar de ello, el Ejecutivo autonómico ha aplicado artículos específicos de la ley, como el 15, para facilitar la promoción de viviendas en suelo dotacional y aumentar la oferta pública. La política de vivienda en Aragón se centra en incrementar viviendas en alquiler asequible, con más de 3.700 ya en marcha y un objetivo de 7.000 en la legislatura. La decisión de no aplicar el artículo 18, que regula zonas tensionadas, responde a la percepción de que estas medidas no son eficaces en municipios con necesidades reales, y que pueden tener efectos negativos en el mercado del alquiler, como la salida de viviendas del mercado o la subida de precios en municipios limítrofes. La oposición del Ejecutivo aragonés se apoya también en inversiones y en un plan específico para zonas turísticas, que beneficia a 460.000 habitantes y ha supuesto una inversión cercana a 90 millones de euros en 43 municipios. En comparación, en Cataluña, donde sí se han declarado zonas tensionadas, se ha observado una salida de viviendas del mercado del alquiler, lo que ha provocado distorsiones en los precios y en la calidad del parque habitacional. Municipios como Canfranc, Alpartir, Sabiñán y Aínsa, que solicitaron la declaración, retiraron sus peticiones tras conocer el plan autonómico. El Gobierno de Aragón ha destinado 7,3 millones de euros a la vivienda en municipios con necesidades, frente a los menos de 29 euros por habitante que aporta el Estado en zonas tensionadas. El consejero López insiste en que la estrategia del Ejecutivo autonómico, basada en ampliar la oferta pública y evitar medidas coercitivas, resulta más efectiva y proporcional para atender la demanda. Además, se ha aprobado la cesión gratuita de cuatro viviendas en Alcolea de Cinca para fines sociales, que serán rehabilitadas por el ayuntamiento y destinadas a alquiler asequible, complementando así las políticas de vivienda en la comunidad. La postura de Aragón refleja una tendencia a priorizar soluciones estructurales frente a las declaraciones de zonas tensionadas, en un contexto de debate sobre la eficacia de las regulaciones estatales en diferentes realidades locales.