El Gobierno de Aragón elimina las pagas semanales a menores extranjeros no acompañados

El Ejecutivo aragonés ha decidido suprimir las asignaciones económicas semanales destinadas a menores extranjeros no acompañados en centros de acogida. La medida, que afecta a una partida de aproximadamente 180.000 euros anuales, fue ordenada por el vicepresidente Alejandro Nolasco tras detectar que dichas pagas carecían de respaldo reglado y se realizaban de forma fija y sin variaciones.

Este tipo de ayudas, que consistían en 17 euros por semana para cada menor, se financiaban con fondos públicos y no estaban contempladas en normativa específica. La decisión llega en un contexto de auditorías internas que buscan optimizar el uso de los recursos del presupuesto autonómico, especialmente en un momento en que Aragón acoge forzosamente a un número importante de menores, impuesto por decisiones del Gobierno central.

La supresión de estas pagas busca reducir gastos y reorientar los recursos hacia necesidades prioritarias del sistema de bienestar social. Nolasco ha subrayado que el coste de estas ayudas equivalía a la financiación de hasta siete nuevas plazas para personas mayores en residencias, lo que refleja un cambio en la política de asignación de recursos.

Desde el Departamento de Desregulación, Bienestar Social y Familia se ha coordinado la instrucción interna que establece esta supresión, contando con la colaboración del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS). La medida también responde a la intención de garantizar mayor transparencia y rigor en la gestión del gasto público en el ámbito social.

Este cambio se inscribe en un contexto político de mayor control del gasto y búsqueda de eficiencia en la gestión social por parte del Gobierno de Aragón. La decisión refleja una orientación hacia una administración más regulada y transparente, alineada con las normativas vigentes y las auditorías en curso.

De cara al futuro, la comunidad autónoma podría revisar la política de ayudas a menores extranjeros no acompañados y diseñar mecanismos más reglados y supervisados que aseguren una distribución equitativa y transparente de los recursos, en línea con las demandas de control y eficiencia del sistema público.