En Zaragoza, el 7 de octubre, la consejera de Empleo, Ciencia y Universidades del Gobierno de Aragón, Claudia Pérez Forniés, ha expresado su profundo desacuerdo con el decreto que se discutirá en el Consejo de Ministros este martes. Esta normativa impone nuevos criterios para la creación de universidades privadas y afecta directamente a tres proyectos ubicados en la Comunidad, lo que, según ella, podría obstaculizar el desarrollo y la prosperidad de Aragón.

Pérez Forniés ha señalado que las exigencias impuestas por esta nueva regulación, que incluyen contar con un mínimo de 4.500 estudiantes, asegurar recursos económicos sólidos y presentar un informe vinculante de la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), alteran las condiciones que se habían establecido en 2021. Para la consejera, estas medidas representan un cambio injustificado en las reglas para el sector educativo.

La consejera también ha criticado que el decreto implique una intromisión del gobierno central en las competencias autonómicas, especialmente en lo relativo a la creación de universidades online. Esta dinámica excluye a Cataluña y el País Vasco, que han recibido un trato distinto, al parecer debido a sus lenguas cooficiales. Pérez Forniés ha denunciado que detrás de esta situación se encuentra la estrategia del presidente Sánchez para mantener su posición en la Moncloa, utilizando la educación como un instrumento de negociación.

Asimismo, ha argumentado que las condiciones de contar con un número mínimo de estudiantes y que el 75% de los docentes residan en España no están relacionadas con garantizar la calidad de la enseñanza y la investigación. Para ella, estos requerimientos son meras imposiciones que no contemplan la diversidad de las regiones, ni las peculiaridades locales, ni el problema de la despoblación que afecta a Aragón.

En este contexto, la consejera ha enfatizado la importancia de que el Gobierno autonómico trabaje para retener el talento de los aragoneses y atraer a nuevos estudiantes, ya que aproximadamente 1.500 de los 7.000 jóvenes que superan el examen de acceso a la universidad deciden marcharse a otras comunidades para cursar sus estudios superiores.

Con esta perspectiva, Pérez Forniés ha subrayado la necesidad de expandir la oferta educativa, añadiendo más plazas y grados para cubrir diversas localidades. Ha defendido un modelo de convivencia entre universidades públicas y privadas, basándose en la experiencia y en los avances logrados en los últimos 20 años en este ámbito.

Por último, la consejera ha indicado que aún están a la espera de conocer todos los detalles del decreto. Una vez que hayan tenido la oportunidad de analizarlo a fondo, se pronunciarán sobre cómo estos requisitos impactarán los proyectos de universidades privadas en Aragón. Ha resaltado que llevan más de siete meses esperando información de la autoridad competente, que en este caso es el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades.