El 16% de menores extranjeros no acompañados en Aragón implicados en violencia

De los 219 menores extranjeros no acompañados (menas) acogidos en Aragón, 36 han estado involucrados en incidentes violentos en el último mes. Además, 16 de estos menores están actualmente en prisión por orden judicial, lo que refleja una problemática significativa en los centros de acogida de la comunidad.

El Departamento de Desregulación, Bienestar y Familia del Gobierno de Aragón ha elaborado un dossier que detalla 17 episodios de violencia protagonizados por estos menores entre el 20 de mayo y el 19 de junio. Los hechos incluyen agresiones, robos con violencia, amenazas y consumo de drogas, hechos que generan preocupación en torno a la seguridad en los centros y la gestión de la inmigración juvenil.

Desde la perspectiva política, estas cifras evidencian las tensiones existentes entre las políticas migratorias del Estado y las competencias autonómicas. La gestión de estos menores en Aragón se enmarca en un mecanismo de reparto nacional, que Nolasco califica de ineficaz y a veces contraproducente, al no verificar adecuadamente las edades ni la situación legal de los jóvenes que llegan a España.

El vicepresidente Nolasco denuncia que la política del Gobierno central favorece la entrada de menores sin controles adecuados, lo que, según él, fomenta la delincuencia y genera un impacto negativo en la convivencia. La comunidad autónoma reclama mayor control y medidas específicas para evitar que estos menores, en su opinión, se conviertan en un problema de seguridad pública.

A nivel futuro, se plantea fortalecer las medidas de seguridad en los centros, incluyendo la implantación de seguridad privada 24 horas, y promover la devolución de menores a sus países de origen mediante contactos con embajadas. Además, se trabaja en mejorar las condiciones laborales de los profesionales que atienden estos centros, en un contexto de creciente tensión social sobre la gestión de la inmigración juvenil.

Este escenario refleja la complejidad de la gestión de menores extranjeros no acompañados en Aragón y plantea desafíos de política migratoria, seguridad y protección social que requerirán decisiones coordinadas a nivel nacional y autonómico en los próximos años.