ZARAGOZA, 1 de abril - En una comparecencia reciente ante la Comisión de Fomento de las Cortes de Aragón, Alberto Casal, director general de Despoblación del Gobierno de Aragón, destacó el notable avance en la implementación del Fondo de Cohesión Territorial, que ha superado los nueve millones de euros durante esta legislatura. A pesar de enfrentar desafíos iniciales como una escasez de personal, Casal consideró que la ejecución de estos fondos ha sido un éxito significativo.

Durante su presentación, Casal subrayó la efectividad de las líneas de ayudas planteadas desde su llegada al cargo, afirmando que más de 359 municipios han recibido asistencia financiera, lo que calificó de hazaña sin precedentes. "He iniciado mi labor con las propuestas que ustedes sugirieron y los resultados hablan por sí solos", señaló el director, enfatizando el impacto positivo en la comunidad.

Casal desglosó las diferentes asignaciones del fondo: más de tres millones de euros se destinaron a rehabilitaciones, dos millones a demoliciones, y otros 400,000 euros para sistemas de videovigilancia y multiservicios, mientras que las iniciativas sociales recibieron 500,000 euros. El funcionario extendió su agradecimiento al partido VOX por sus acertadas sugerencias, argumentando que los datos presentados son irrefutables.

En cuanto al equipo de trabajo, el director reconoció el esfuerzo de las once personas que componen su dirección, que se han aplicado diligentemente para presentar las convocatorias a tiempo. "A principios de diciembre, teníamos listas las líneas de ayudas, lo que refleja un notable esfuerzo", agregó, destacando su compromiso con la causa.

En su intervención, también anunció colaboraciones con entidades bancarias para desarrollar nuevos proyectos, que abarcan la instalación de cajeros automáticos, la atención a las necesidades de personal médico en las diputaciones provinciales, y el avance en la implementación de fibra óptica en áreas rurales. Asimismo, mencionó el trabajo de su departamento para captar financiamiento europeo, subrayando la importancia de estos esfuerzos para las comunidades afectadas.

Desde VOX, Carmen Rouco celebró el reconocimiento del trabajo realizado por su predecesor, destacando que la ejecución de más de nueve millones de euros representa un progreso significativo en comparación con gestiones anteriores. "Hemos hecho un esfuerzo destacado y es esencial que continuemos invirtiendo en el desarrollo de las áreas rurales", manifestó.

Por el lado del PSOE, Darío Villagrasa expresó sus reservas sobre la ejecución de los fondos y la falta de decisiones políticas que hayan impedido una distribución más efectiva. Resaltó la ejecución de las partidas pero criticó la falta de iniciativa en el uso de otros fondos que podrían haber destinado a diferentes necesidades.

Juan Carlos Gracia Suso, del PP, defendió el compromiso del Gobierno de Aragón con el desarrollo rural, insistiendo en que los esfuerzos realizados por la administración actual han superado a los de antaño en cuanto a ejecución del fondo. Suso aseguró que los beneficios de estas iniciativas se verán reflejados en el territorio.

Isabel Lasobras, representante de CHA, cuestionó la efectividad del fondo para el año 2024 y destacó el bajo número de proyectos aprobados para la mejora energética en edificios municipales. Con solo nueve de 177 solicitudes autorizadas, llamó la atención sobre la necesidad de una revisión de los procesos y criterios de aprobación.

Tomás Guitarte, portavoz de Teruel Existe, subrayó que actualmente hay diez millones de euros sin ejecutar y expresó su preocupación por la falta de seriedad en la gestión política de estos recursos. Exigió mayor transparencia y detalles sobre el Fondo FIHUZAR y las colaboraciones con las diputaciones provinciales.

Por su parte, Alberto Izquierdo, del PAR, manifestó que Casal tiene un claro entendimiento de la problemática de la despoblación, advirtiendo que es crucial desarrollar propuestas innovadoras. Sin embargo, advirtió sobre el riesgo de que la creación de múltiples ayudas de menor cuantía pueda dificultar su efectividad y acceso por parte de la población afectada.