La reciente operación de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil ha dado lugar a la detención de cuatro individuos en relación con las investigaciones sobre un fraude en el sector de los hidrocarburos. Esta medida se enmarca en la causa que involucra a Víctor de Aldama, identificado como un presunto conseguidor en el conocido 'caso Koldo'. Entre los detenidos se encuentra una mujer que aseguró haber realizado una entrega de 90.000 euros en la sede del Partido Socialista Obrero Español (PSOE) en la emblemática calle Ferraz de Madrid, así como el empresario bilbilitano Luis Alberto Escolano.

Las fuentes consultadas por Europa Press han confirmado las detenciones llevadas a cabo, incluyendo la de Carmen Pano. Sin embargo, es importante destacar que la UCO ha aclarado que estas detenciones están estrictamente relacionadas con la investigación sobre hidrocarburos liderada por el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, y no guardan relación con la supuesta entrega de dinero en Ferraz.

Adicionalmente, la investigación ha llevado al arresto de la hija de Carmen Pano. Estas detenciones forman parte de un conjunto más amplio de diligencias secretas que abordan delitos fiscales y blanqueo de capitales, resultado de las indagaciones que también han conducido a la captura de Escolano, socio de Aldama en lo que se alega como una trama de fraude en el negocio de hidrocarburos.

Este lunes, la UCO llevó a cabo registros en múltiples ubicaciones, abarcando Madrid, Calatayud (Zaragoza), Sevilla y Toledo. Las pesquisas se centran en Víctor de Aldama, quien es investigado por un fraude presunto que asciende a 182 millones de euros en el sector mencionado, comprometiendo así la integridad del sistema fiscal español.

En un comunicado, la Guardia Civil ha señalado que los arrestados forman parte de lo que se describe como una "organización criminal" que supuestamente contaba con una sofisticada estructura empresarial destinada a llevar a cabo el fraude fiscal. Los cabecillas habrían modificado las estructuras de estas sociedades para maximizar el engaño fiscal y consolidar la efectividad del fraude perpetrado.

Además, la Guardia Civil ha afirmado que esta organización mantenía una red paralela de sociedades tanto en España como en países terceros, con el objetivo de facilitar el blanqueo de los fondos obtenidos de manera ilícita. Dichas detenciones complementan las actuaciones que se comenzaron el pasado 7 de octubre de 2024.

Durante las investigaciones, el juez Pedraz ha señalado que "la organización criminal diseñó, implementó y operó una estructura empresarial paralela para perfeccionar el blanqueo de capitales". Se han identificado transferencias derivadas de procesos delictivos, principalmente provenientes de cuentas de empresas suministradoras, donde se utilizaba un mecanismo para eludir el IVA legalmente exigible sobre el hidrocarburo.

En términos específicos, hasta la fecha, se han documentado transferencias a cuentas en el extranjero que ascienden a un total de 73.902.852,60 euros, con destinos que incluyen Portugal, Colombia y China, lo que inmediatamente despierta preocupaciones sobre la magnitud y el alcance de las operaciones ilegales llevadas a cabo por estos implicados.

Notablemente, la UCO ha subrayado en uno de sus informes que Luis Alberto Escolano, uno de los detenidos este lunes, "podría estar actuando como un intermediario" para ocultar bienes de Víctor de Aldama, utilizando la titularidad de diversas empresas tanto nacionales como extranjeras.

El juez Ismael Moreno, de la Audiencia Nacional, ha señalado previamente que Escolano, quien es socio de Aldama, arrendaba un inmueble en Plaza España donde residió Jessica R., ex pareja del ex ministro José Luis Ábalos, lo que añade un matiz político a la situación ya de por sí compleja.

La operación de la UCO se produce simultáneamente con la declaración de Víctor de Aldama ante el Tribunal Supremo, donde figura como investigado en el 'caso Koldo'. Este asunto abarca presuntas adjudicaciones irregulares durante la pandemia para la adquisición de material sanitario, lo que pone de manifiesto un sistema que podría haber favorecido la corrupción en el sector público.

En octubre del año pasado, el juez Pedraz ordenó la prisión provisional de Aldama y su socio Claudio Rivas por su presunta implicación en el fraude a la Hacienda Pública, que asciende a la cantidad antes mencionada. Aunque Aldama fue puesto en libertad tras su declaración voluntaria, Claudio Rivas permanece en prisión a la espera de juicio.

En esta investigación, que se mantiene bajo secreto de sumario, además de Aldama y Rivas, el juez investiga a María Luisa Rivas, quien actúa como subdirectora, junto a otros colaboradores y una serie de testaferros que ocupan posiciones en la administración de las sociedades vinculadas a esta trama de corrupción fiscal y blanqueo de capitales.