En una noticia que resuena con fuerza en Zaragoza, la consejera de Políticas Sociales del Ayuntamiento, Marian Orós, ha expresado su satisfacción por la captura del individuo que dirigía una red de hostales ilegales en la zona de Parque Roma y la avenida San José. Este arresto sigue al desalojo de estas instalaciones, que tuvo lugar el 26 de mayo, y resalta la labor de la Policía Nacional.

Orós calificó la detención como un avance significativo y no dudó en felicitar a los agentes del orden por su efectiva intervención. “El día del desalojo en Parque Roma fue una experiencia muy difícil y esta detención es, sin duda, un paso en la dirección correcta”, comentó la consejera, quien además afirmó su deseo de que el detenido enfrente las severas consecuencias de la ley por los delitos de los que se le acusa, que incluyen estafa y falsedad documental.

La captura del sospechoso ocurrió el pasado miércoles en Utebo, donde se le atribuye la creación de una red de explotación inmobiliaria ilícita, que convirtió locales comerciales en infraviviendas ilegales. Estas instalaciones estaban subdivididas en pequeñas habitaciones, alcanzando un total de 103 camas para alojar a personas en situaciones de vulnerabilidad, incluyendo a inmigrantes a quienes se les cobraba un alquiler exorbitante que generaba ingresos ilegales de aproximadamente 25.000 euros mensuales.

Además de los alquileres cobrados, se le imputan daños que ascienden a 100.000 euros por la defraudación de suministros eléctricos. Este escándalo ha puesto de relieve la necesidad de una intervención eficaz por parte de las autoridades para proteger a los ciudadanos y minimizar las irregularidades en el ámbito del alquiler y la vivienda.

Desde el inicio de la investigación, se ha dado lugar a una colaboración intensa entre varias unidades de la Policía Nacional y el Ayuntamiento de Zaragoza, lo cual ha sido fundamental para llevar a cabo la operación. Orós ha aplaudido la complejidad del trabajo realizado y ha enfatizado su eficacia.

El Servicio de Urbanismo del Ayuntamiento aportó informes que detallan la falta de licencias y cédulas de habitabilidad, así como las notorias deficiencias estructurales de los inmuebles inspeccionados. Además, el Cuerpo de Bomberos realizó una evaluación sobre los riesgos asociados a las instalaciones eléctricas ilegales y la ausencia de medidas de seguridad contra incendios.

La Policía Local también jugó un papel crucial en el operativo, participando en el control y aseguramiento de las áreas afectadas. Por su parte, los Servicios Sociales se encargaron de realizar valoraciones individuales de los afectados, ofreciendo recursos de alojamiento provisional a aquellos que se encontraban en riesgo especial.