Chunta Aragonesista exige regulación específica para los montes de socios en España

La agrupación política CHA ha planteado en el Congreso la necesidad de una normativa que regule los montes de propiedad colectiva, que abarcan aproximadamente dos millones de hectáreas en España. Estos montes, considerados una 'best practice' por la ONU, enfrentan actualmente dificultades para su gestión efectiva. La dispersión de la propiedad y la pérdida del hilo sucesorio complican la toma de decisiones, dado que el Código Civil requiere más del 50 % de los condueños para decisiones ordinarias.

El contexto político actual muestra que, pese a los esfuerzos en leyes anteriores como la Ley de Montes de 2003 y su modificación en 2015, la gestión de estos montes sigue siendo problemática. La creación de juntas gestoras no ha sido suficiente para resolver las trabas legales derivadas de la dispersión de la propiedad y la dificultad para identificar a todos los titulares. La propuesta de CHA busca un marco legal específico que facilite su gestión y aprovechamiento.

Este problema tiene implicaciones económicas y sociales importantes. La recuperación y gestión adecuada de estos montes puede contribuir a luchar contra la despoblación en zonas rurales, potenciar la economía local mediante recursos forestales sostenibles y prevenir incendios forestales. Además, estos territorios poseen un valor cultural, paisajístico y turístico que puede ser aprovechado de manera sostenible si se superan las barreras legales actuales.

Desde el ámbito político, la propuesta de CHA se enmarca en la estrategia forestal española, que contempla la creación de una ley específica para los montes de socios. El Plan Forestal, aprobado en diciembre de 2022, prioriza esta regulación como medio para dinamizar la propiedad forestal y facilitar su gestión. La iniciativa busca, en definitiva, fortalecer el marco regulatorio para que las juntas gestoras puedan cumplir eficazmente su función.

El contexto histórico y político destaca que la dispersión de estos montes se agravó durante las décadas de los sesenta y setenta, con el éxodo rural y la pérdida de herederos. La legislación vigente, en particular el Código Civil, impide actualmente gestionar estos territorios de forma efectiva, lo que puede derivar en un mayor abandono y deterioro de estos espacios. La futura regulación podría revertir esta tendencia y promover un uso sostenible y participativo.

En perspectiva, la aprobación de una ley específica para los montes de socios puede marcar un cambio sustancial en la gestión forestal en Aragón y en toda España. La iniciativa busca no solo resolver problemas legales, sino también potenciar un modelo de gestión colectiva que contribuya al desarrollo rural y a la conservación del patrimonio natural y cultural en territorios en riesgo de despoblación.