Chueca defiende las 'Parroquias Seguras' frente a críticas del 8M en Zaragoza

La alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha reafirmado el convenio reciente con el Arzobispado para implementar las llamadas 'Parroquias seguras'. Este acuerdo busca que iglesias con personal voluntario puedan atender y detectar casos de violencia machista, derivando a las víctimas a los recursos municipales especializados. La iniciativa ha sido criticada por colectivos feministas, incluyendo 8M Zaragoza, que la consideran sectaria y contraria a los principios feministas.

El contexto político en Zaragoza refleja tensiones entre el Ayuntamiento, gobernado por el Partido Popular, y ciertos movimientos feministas que cuestionan colaboraciones con instituciones religiosas o sectores conservadores. La alcaldesa argumenta que el convenio es un paso más en la colaboración transversal para proteger a las víctimas, independientemente del espacio donde se detecten. La polémica se enmarca en debates más amplios sobre la implicación de la Iglesia en temas sociales y la colaboración público-privada en la lucha contra la violencia de género.

Desde el gobierno local, se insiste en que el acuerdo no supone un gasto adicional y que puede facilitar la detección precoz de casos en lugares de confianza para las víctimas. Sin embargo, las críticas apuntan a una posible instrumentalización religiosa en un ámbito sensible. La posición de Chueca se centra en la necesidad de ampliar los canales de ayuda y en la importancia de la colaboración ciudadana, independientemente de la institución o sector implicado.

Este enfrentamiento refleja la complejidad del contexto político en Zaragoza, donde las alianzas con instituciones religiosas generan tensiones en el marco de la laicidad y los derechos civiles. La apuesta del consistorio busca fortalecer la red de apoyo, mientras que las voces críticas insisten en mantener la separación entre religión y políticas sociales. La discusión refleja también un debate más amplio sobre la colaboración en políticas de género en la comunidad autónoma.

El futuro de estas alianzas dependerá de la percepción social y de la evolución del marco legislativo en Aragón. La administración local continúa defendiendo la iniciativa como una estrategia complementaria para reducir el silencio de las víctimas y aumentar la protección. La polémica pone de manifiesto la necesidad de un diálogo transparente y de consensos amplios en la política social y en la gestión de la violencia machista en la región.