El pasado 8 de febrero, la CEOE-Cepyme Huesca y sus organizaciones empresariales expresaron su total rechazo al anteproyecto de ley para la reducción de la jornada laboral aprobado por el Consejo de Ministros. Consideran que esta medida tendrá consecuencias negativas para la competitividad de las empresas.

Según argumentaron, modificar cuestiones como la fijación de la jornada anual a través de una ley supondría una intromisión en la autonomía de la negociación colectiva, la cual está consagrada en la Constitución. Por tanto, defienden que la reducción de la jornada laboral debería llevarse a cabo a través de la negociación colectiva de forma gradual y progresiva.

Las organizaciones empresariales también recordaron el V Acuerdo para el Empleo y Negociación Colectiva, en el que se establecen compromisos entre los agentes sociales hasta el año 2025. Consideran que el clima de incertidumbre generado por esta nueva medida afectará a las negociaciones de importantes convenios colectivos.

Además, advierten que la reducción de la jornada laboral aumentará el coste laboral al subir de forma encubierta los salarios, lo que puede dificultar la contratación de nuevos empleados y encarecer los productos y servicios para los ciudadanos. Esta medida impactará especialmente en las pequeñas empresas, que tendrán dificultades para disponer de nuevos trabajadores.

Por otro lado, señalan que esta medida no tiene en cuenta la diversidad de sectores que podrían resultar afectados, como la agricultura, la hostelería, el turismo, el comercio o las empresas subcontratadas por las administraciones públicas. En estos sectores, la reducción de la jornada laboral podría generar pérdidas de competitividad y desafíos financieros significativos.

En medio de la tramitación parlamentaria del proyecto de ley sobre la reducción de la jornada laboral, las organizaciones empresariales, lideradas por CEOE y su presidente, Antonio Garamendi, están trabajando para trasladar su visión sobre esta medida a los grupos políticos. Consideran que esta medida perjudicará principalmente a las empresas más pequeñas en España.