CCOO Aragón pide una ley de vivienda para frenar la especulación y garantizar el acceso asequible

CCOO Aragón ha solicitado una nueva Ley de Vivienda que proteja la vivienda pública, regule los alquileres en zonas tensionadas y controle los alquileres turísticos. La propuesta busca hacer valer las competencias autonómicas para ampliar la oferta asequible y responder a las necesidades sociales.

El contexto actual revela un aumento significativo en los precios del alquiler y la compra de vivienda en Aragón. En 2023, el coste del alquiler subió de 8 a 11,2 euros por metro cuadrado, y el precio medio de compra en la comunidad superaba los 1.650 euros por metro cuadrado, alcanzando los 2.200 euros en Zaragoza capital. La situación dificulta la emancipación de jóvenes y limita el acceso a una vivienda digna para las familias trabajadoras.

Este incremento en los costes afecta de forma desigual a distintas zonas del territorio. En algunos municipios, la actividad turística presiona al alza los precios, mientras que en áreas rurales, importantes proyectos económicos elevan la demanda sin suficiente oferta residencial. La carencia de viviendas adaptadas a hogares unipersonales también agrava el problema.

La propuesta sindical incluye medidas para proteger a los inquilinos, ampliar el parque público y evitar que los recursos públicos se dirijan a la especulación. Entre ellas, destaca la protección permanente de las viviendas públicas y la regulación de alquileres en zonas tensionadas, además de un control más efectivo de los alquileres turísticos y de habitaciones.

Desde la perspectiva política, estas demandas se inscriben en un contexto de debates sobre la competencia autonómica en materia de vivienda, tras la revisión de la legislación estatal y la necesidad de adaptar las políticas a las realidades locales. La lucha contra la especulación y la priorización del acceso social se consideran claves para garantizar un mercado justo.

Mirando hacia el futuro, la implementación efectiva de estas medidas requiere mayor inversión pública, rehabilitación del parque existente y políticas específicas para municipios rurales y urbanos. La vivienda debe responder al interés general y garantizar derechos básicos, en un escenario donde la política y la sociedad deberán avanzar juntas para hacer frente a la crisis habitacional.