La Asociación Unificada de Guardias Civiles (AUGC), representante mayoritaria de los agentes de la Guardia Civil, ha solicitado al Ministerio del Interior que se otorguen incentivos económicos a la Guardia Civil del mundo rural en Aragón y que se reconozca su trabajo como una profesión de riesgo.

Según la asociación, es necesario que las instituciones pasen de las palabras a los hechos y brinden incentivos económicos y profesionales a los agentes de la Guardia Civil en las tres provincias de Aragón, ya que es más difícil completar los puestos de trabajo en estas áreas.

En el último anuncio de vacantes, publicado aún sin resolver hasta febrero/marzo, se ofrecieron 79 puestos en Huesca, 69 en Teruel y 66 en Zaragoza, lo que refleja la necesidad de una presencia mayor en el territorio.

La AUGC ha exigido la creación del Puesto Principal de Utebo, solicitado desde hace años, así como un replanteamiento del despliegue territorial mediante la creación de unidades con un mínimo de 40 agentes, lo que permitiría una mejor conciliación laboral y una mayor presencia en las áreas rurales.

Ante la grave escasez de agentes en las zonas rurales de la España Vaciada, el Ministerio del Interior ha implementado un plan temporal, pero la AUGC considera que es crucial garantizar condiciones laborales justas, equiparación salarial y reconocimiento de derechos profesionales para la Guardia Civil, tal como se otorga a otros cuerpos de seguridad.

Según la AUGC, el Ministerio del Interior aún no ha cumplido con aspectos fundamentales para los guardias civiles y policías, como el cumplimiento íntegro de las cláusulas tercera y octava del Acuerdo de Equiparación Salarial.

La cláusula tercera establece destinar 100 millones de euros durante tres años para el reingreso de agentes de la Guardia Civil en Segunda Actividad y Reserva al servicio activo, mientras que la cláusula octava busca aprobar una ley para evitar disfunciones salariales entre los cuerpos policiales con funciones similares.

En resumen, la AUGC ha instado al Ministerio del Interior a brindar incentivos económicos y profesionales a la Guardia Civil en las zonas rurales de Aragón, así como a cumplir con cláusulas salariales y reconocer la profesión como de riesgo.