Aragón recurre ante el TS el aumento de capacidad para menores migrantes: «Inadmisible»

El Gobierno de Aragón ha anunciado que interpondrá un recurso ante la sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo contra el Real Decreto 556/2026, que eleva la capacidad de acogida de menores migrantes en la comunidad a 476 plazas. La cifra actual de menores tutelados en Aragón supera ampliamente las 222 plazas existentes, por lo que el incremento propuesto duplica y casi triplica la capacidad real.

Este cambio normativo, aprobado en un consejo de gobierno extraordinario, ha sido considerado por las autoridades autonómicas como una decisión «arbitraria» y «fuera de la ley», dado que se realiza mediante un real decreto, una normativa que debería ser aprobada por ley orgánica y no por decreto. La comunidad sostiene que esta medida invade competencias autonómicas y vulnera derechos fundamentales.

Desde el Ejecutivo autonómico, se denuncia que la decisión central favorece la inmigración ilegal y pone en riesgo la sostenibilidad del sistema de protección infantil en Aragón. Además, critican que el Gobierno de España actúa sin consenso previo y sin respetar los acuerdos existentes, como el firmado con Marruecos en 2007, que regula la devolución de menores que cruzan ilegalmente la frontera.

El recurso judicial busca también solicitar la suspensión cautelar de la medida, argumentando que favorece intereses de mafias que lucran con la inmigración irregular y que instrumentaliza a los menores en un contexto político de enfrentamiento. Aragón mantiene que no aceptará la llegada de menores sin que exista una capacidad real y adecuada para su protección, y que priorizará su retorno a sus países de origen cuando sea posible.

Este enfrentamiento refleja un contexto político más amplio en el que las comunidades autónomas defienden sus competencias frente a decisiones del Gobierno central, que, en este caso, se consideran un atentado a la legalidad y a la cooperación institucional. La comunidad también apunta a que la política migratoria del Ejecutivo nacional responde a intereses políticos y no al interés superior del menor.

De cara al futuro, se espera que la disputa judicial pueda frenar la aplicación del aumento de plazas y que se abra un debate sobre la gestión de la inmigración irregular en España. La posición de Aragón podría marcar un precedente en la confrontación entre administraciones autonómicas y el Estado en materia de protección infantil y políticas migratorias.