Aragón rechaza la reforma de financiación por falta de consenso y desajustes territoriales

El Gobierno de Aragón ha expresado su rechazo a la reciente reforma del sistema de financiación autonómica, aprobada en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. La comunidad considera que la modificación, que implica una inversión adicional de 21.000 millones de euros a nivel nacional y unos 600 millones para Aragón, se ha aprobado sin un acuerdo amplio y sin atender a sus principales demandas.

Este rechazo se enmarca en un contexto político donde la reforma ha sido impulsada tras negociaciones bilaterales con Cataluña, sin la participación suficiente de otras comunidades afectadas como Aragón, Asturias, Castilla-La Mancha o Castilla y León. La comunidad aragonesa advierte que el nuevo modelo no refleja adecuadamente las particularidades demográficas y territoriales, como la despoblación, el envejecimiento y la dispersión de municipios, que elevan los costes de prestación de servicios públicos en la región.

Desde el Ejecutivo aragonés se denuncia que el sistema prioriza las variables poblacionales en un 97%, dejando en un 3% los factores territoriales, y que además, reduce la consideración de la superficie a un 1,6%, por debajo del 2% que defendía Aragón. La comunidad también critica que las ayudas adicionales, como el fondo climático, están mal repartidas y no consideran los riesgos específicos, como incendios forestales y sequías, que en el verano de 2023 han afectado gravemente a Aragón.

La reforma, según el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, favorece especialmente a Cataluña y perjudica a otras comunidades como Aragón, cuya posición relativa en el reparto de fondos empeora respecto a años anteriores. Esto, a su juicio, puede traducirse en desigualdades en la calidad de los servicios públicos, que en regiones con baja densidad de población y dispersión territorial, como Aragón, son más costosos de mantener.

El representante autonómico también alerta sobre las futuras negociaciones en el Congreso de los Diputados, donde el Gobierno podría introducir cambios a través de acuerdos particulares para obtener apoyos, lo que agravaría la desigualdad entre territorios. La comunidad considera que las ayudas deben integrarse desde el inicio en un sistema transparente y justo, sin recurrir a fondos complementarios posteriores que puedan socavar la solidaridad territorial.

En un escenario donde la aprobación definitiva del nuevo modelo aún está en trámite, Aragón mantiene su postura de exigir un reparto que refleje las necesidades reales y los costes específicos de cada región. La comunidad buscará que las futuras reformas tengan en cuenta los riesgos y las condiciones particulares, promoviendo una financiación más equitativa y basada en datos objetivos, en línea con su realidad demográfica y territorial.