ZARAGOZA, 17 de marzo. En una reciente intervención, Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, expresó su inquietud por lo que considera una alteración en las dinámicas de relación entre las Comunidades Autónomas y el Gobierno de España. Susín indicó que "las reglas del juego están siendo cambiadas" y cuestionó la falta de aclaraciones sobre por qué el tratamiento de las políticas de inclusión en Cataluña debería diferir del de otras regiones, además de criticar la cesión de competencias en materia de extranjería que, según ella, no es meramente una delegación, sino una transferencia.

La consejera participó en una conferencia sectorial que se llevó a cabo a través de videoconferencia, donde estuvo acompañada por María Charte, directora general de Inclusión Social y Voluntariado. En esta reunión, Susín puso de manifiesto la angustia del Ejecutivo aragonés sobre las posibles implicaciones de este traspaso de competencias, especialmente por ser una región limítrofe con Cataluña.

Aragón, al igual que otras comunidades autónomas, había solicitado previamente que se discutiera este asunto crucial en el encuentro, en respuesta a un acuerdo mediático que establece la creación de una Ley Orgánica que transfiere competencias relacionadas con la inmigración a Cataluña, fruto de las conversaciones entre el PSOE y Junts. A pesar de la negativa inicial del Ministerio, el tema fue finalmente incluido en la agenda, aunque como un punto final.

Susín calificó de "incomprensible" que el orden del día de la conferencia se confeccionara apenas tres días antes de conocerse el acuerdo con Junts, resaltando que este pacto no es el resultado de una solicitud formal de la Comunidad Autónoma de Cataluña, sino de un acuerdo entre dos partidos de la oposición, con uno de ellos abiertamente independentista.

En su intervención, Susín demandó que se realice un estudio exhaustivo sobre las repercusiones de esta cesión de competencias, considerando que la comunidad aragonesa está en una posición geográfica vulnerable. Quiso que se evaluaran las futuras expulsiones desde Cataluña y cómo se financiarán los servicios de atención a las personas afectadas, enfatizando que el Plan de integración y convivencia intercultural en Aragón requerirá "mayores recursos" para hacer frente a esta situación.

La consejera advirtió que si el Estado se abstiene de sus responsabilidades o cede competencias a ciertas comunidades de manera contraria a lo establecido por la Constitución, se fomentaría no la migración regulada, sino la clandestinidad y el tráfico de seres humanos.

Una vez más, Aragón criticó la actitud del Gobierno de España por su falta de disposición a informar adecuadamente sobre su política migratoria hacia las comunidades autónomas. Esta falta de canales comunicativos y de participación también se ha reflejado ante el reciente Real Decreto 1155/2024, que establece el nuevo Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, un tema que Susín considera crucial debido a su impacto en las competencias que sí están delegadas a las comunidades en materia de inclusión social.

Susín recordó que Aragón había presentado alegaciones al nuevo reglamento en septiembre de 2024 y que hasta la fecha el Ministerio no ha dado respuesta sobre su tratamiento. Asimismo, varias comunidades autónomas han expresado su frustración por la falta de información clara sobre el estado de las plazas de acogida humanitaria y sus tasas de ocupación, indicando que los informes emitidos por el Ministerio no han aportado datos acerca de la rotación de estas plazas ni del seguimiento posterior a las personas tras su paso por los programas de acogida.

Actualmente, Aragón carece de estadísticas oficiales sobre cuántas personas han llegado a través del Gobierno de España para recibir asistencia de organizaciones no gubernamentales dedicadas a la protección internacional. Así lo ha repetido Susín en distintas ocasiones, subrayando la necesidad de contar no solo con un panorama puntual, sino con un marco informativo integral sobre la situación en cada comunidad, centralizado por el Ministerio.

Finalmente, en el espacio destinado a ruegos y preguntas, Susín buscó sin éxito información sobre el control que el Estado ejerce sobre los contratos de acogida humanitaria y las condiciones que se proporcionan a los migrantes que participan en estos programas.