ZARAGOZA, 29 de abril. El Gobierno aragonés ha decidido presentar un recurso de inconstitucionalidad contra el reciente Real Decreto Ley que regula el reparto de menores migrantes no acompañados. Esta acción se fundamenta en la creencia de que dicha normativa infringe las competencias de las comunidades autónomas y vulnera los principios de igualdad y solidaridad entre ellas, según lo expresado por Carmen Susín, consejera de Bienestar Social y Familia, en una rueda de prensa celebrada el martes.

La consejera ha subrayado que el mecanismo utilizado por el Gobierno central es inadecuado para regular cuestiones que involucran derechos fundamentales y libertades públicas, especialmente en lo que respecta a menores extranjeros no acompañados, cuya regulación debería ser realizada a través de una Ley Orgánica.

El pasado 21 de marzo, durante una reunión del Consejo de Gobierno, se acordó presentar este recurso en respuesta a las medidas que deben implementarse frente a situaciones extraordinarias de migración. Desde entonces, el Ejecutivo autonómico ha dado los primeros pasos en el ámbito contencioso-administrativo, habiendo ya presentado dos recursos, y ahora se avanza hacia la impugnación ante el Tribunal Constitucional.

De acuerdo a la postura que el Gobierno de Aragón ha mantenido en las últimas semanas, considera el Real Decreto Ley como inconstitucional desde su promulgación. La semana pasada, ya se había anunciado la intención de recurrir la convocatoria de la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, programada para el lunes, mediante un recurso contencioso-administrativo que sigue su curso en la Audiencia Nacional.

Sin embargo, esta Conferencia fue cancelada debido a un apagón eléctrico que afectó a todo el territorio nacional. Carmen Susín aclaró que el recurso de inconstitucionalidad se presenta en dos niveles: por un lado, se impugna todo el texto del decreto por su inconstitucionalidad inherente, y por otro, se cuestionan varios de sus preceptos específicos, incluyendo artículos y disposiciones adicionales, por vicios concretos de inconstitucionalidad.

La consejera resaltó que el mecanismo empleado por el Gobierno de España no es adecuado para cuestiones que afectan a derechos fundamentales, y enfatizó que la regulación de menores migrantes no acompañados debe ser abordada a través de un proceso legislativo adecuado, es decir, mediante una ley orgánica.

En el recurso elaborado por los asesores jurídicos del Gobierno de Aragón, se expone que esta normativa establece una reubicación forzosa de menores en condiciones de alta vulnerabilidad sin los consensos necesarios, lo que interfiere con las competencias de la comunidad sobre atención social, educativa y sanitaria.

Susín argumentó que la normativa se basa en un modelo de imposición que destruye los consensos alcanzados previamente, y recordó que el reparto debe ser siempre voluntario, promoviendo la coordinación en las conferencias sectoriales.

Además, el Gobierno de Aragón sostiene que el Real Decreto ignora el modelo de gestión existente para atender a los menores migrantes y el plan de respuesta aprobado por la Conferencia Sectorial en 2022, que se fundamenta en la corresponsabilidad y la solidaridad interterritorial.

Por otro lado, se ha resaltado que el Gobierno español ha buscado negociar este decreto con un partido independentista catalán, llevándolo a cabo de forma que se aleja del interés superior del menor, quedando al margen del resto de las comunidades autónomas.

Desde el Departamento de Bienestar Social, se ha recordado que la cita de la Conferencia Sectorial debía acordar de manera unánime los criterios relativos al reparto, y, de no conseguir el consenso, se han de aplicar criterios que favorecen a Cataluña.

Aragón manifiesta que el Real Decreto Ley se basa en principios de desigualdad y xenofobia, además de no considerar el importante esfuerzo realizado por la comunidad en la acogida de estos menores migrantes.

Este recurso sobre la convocatoria de la Conferencia Sectorial se suma a otro previamente presentado para impugnar la solicitud del Ministerio de Juventud e Infancia, que requería información sobre las plazas y la ocupación en los centros de menores en Aragón, lo que constituye el primer acto administrativo vinculado a este Real Decreto Ley.

En cuanto a las medidas cautelares solicitadas en relación a este primer recurso sobre la remisión de datos de menores atendidos, éstas se encuentran suspendidas por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid, a la espera de resolver sobre una solicitud de inadmisión presentada por el Estado el viernes pasado.