El gobierno aragonés ha respondido enérgicamente a las recientes exigencias del Ministerio de Sanidad, asegurando su compromiso con la transparencia en la entrega de datos relacionados con los cribados de cáncer. Este posicionamiento se ha hecho público este martes, en el contexto de la controversia suscitada por la ministra Mónica García, quien solicitó información adicional a las comunidades autónomas bajo administración del Partido Popular.

La ministra García ha instado a las comunidades a enviar, en un plazo de 30 días, información detallada sobre los programas de detección temprana de cáncer de mama, cérvix y colorrectal. En un comunicado, enfatizó que este requerimiento es parte de un cumplimiento legal que no puede ser ignorado. Sin embargo, la reacción de Aragón ha sido clara: el Ejecutivo local, encabezado por José Luis Bancalero, ha tildado de “cuestionable” el anuncio de posibles acciones judiciales que podría emprender la ministra.

Desde el Departamento de Sanidad aragonés, se ha subrayado que el proceso seguido por el Ministerio carece de la lealtad institucional y el rigor técnico que deben prevalecer en estas interacciones. La administración aragonesa destaca que las directrices sobre los indicadores de cribado fueron previamente acordadas, por lo que modificar estas exigencias en medio de la evaluación resulta incoherente.

Las críticas se extienden a la supuesta falta de planificación por parte del Ministerio, que, según los representantes de Aragón, puede derivar en confusión para los equipos técnicos locales. Esta situación podría afectar gravemente la claridad de los objetivos y el liderazgo técnico necesario para abordar los programas de salud pública.

Además, el gobierno autonómico ha denunciado la falta de especificidad en los indicadores a reportar. Sin criterios claros, aducen, se pone en riesgo la toma de decisiones informadas sobre salud pública, lo que podría tener consecuencias adversas para la gestión de los programas de cribado.

Se ha recordado que la Red de Cribados de Cáncer, que fue establecida y es administrada por diferentes comunidades autónomas, ha sido un modelo de cooperación en el ámbito de la salud. Desde su creación, los datos han sido públicos y han contado con el respaldo de las regiones participantes, lo que contrasta con la metodología aún en debate que intenta impulsar el Ministerio.

La nueva dirección del Ministerio busca establecer un Sistema Nacional de Información ligado a estos cribados, pero aún no se ha formalizado el procedimiento. En este contexto, se ha presentado una solicitud ambiciosa que busca recopilar 72 indicadores por comunidad durante los últimos cinco años. Sin embargo, la falta de una metodología clara dificulta que esta información sea compilada y entregada en el plazo propuesto.

Los propios técnicos del Ministerio han expresado su desconcierto ante esta actuación, y sugieren que responde más a intereses políticos que a una gestión sanitaria efectiva y colaborativa. Mientras tanto, los datos disponibles con rigor son los de la Red de Cribados, siempre accesibles para el gobierno central.

Ante este escenario, el Departamento de Sanidad de Aragón critica la premura del requerimiento, advirtiendo que puede generar una percepción equivocada sobre el compromiso de las comunidades autónomas con la transparencia en el manejo de los datos de salud pública.