El 22 de abril en Zaragoza, el Gobierno de Aragón se encuentra barajando la idea de hacer una apelación ante el Tribunal Supremo en relación con el reciente real decreto que aprueba ayudas directas por un total de 20 millones de euros para combatir la sequía en varias provincias españolas, excluyendo notablemente al territorio aragonés. Este decreto, que fue oficializado por el Gobierno de España el pasado martes, ha ignorado las alegaciones que presentó el Ejecutivo regional.

Dicha normativa se mantiene fiel al borrador enviado por el Ministerio de Agricultura al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación del Gobierno de Aragón en marzo, dejando a Aragón fuera del acceso a estas ayudas, algo que ha generado gran descontento en la comunidad autónoma.

Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, ha manifestado su firme intención de estudiar la viabilidad de interponer un recurso contencioso administrativo ante el Tribunal Supremo, alegando que la posición de Aragón es justa y debe ser defendida con todas las herramientas a su disposición.

El consejero también ha expresado su desagrado por la forma en que se enteraron de la aprobación del decreto: "Nos hemos percatado de esta decisión a través de un comunicado de prensa, sin que el Ministerio nos hubiese notificado previamente", ha afirmado Rincón.

El Departamento de Agricultura de Aragón recibió un borrador del decreto el 4 de marzo. Posteriormente, el 11 de marzo, el equipo liderado por Rincón entregó sus alegaciones, las cuales se fundamentaron en varias consideraciones clave.

Primeramente, respecto a la provincia de Teruel, los datos del Departamento indican que la producción promedio de almendros de secano en 2024 fue un 35% inferior a la media del período 2018-2023, lo que argumenta la necesidad de que Teruel sea beneficiaria de las ayudas.

Además, se cuestionó la elección de la provincia como entidad demarcacional, ya que, en un territorio amplio como una provincia, coexisten áreas con rendimientos agrícolas altos y otras con producciones muy bajas, lo que puede distorsionar los datos promedio. Por ello, desde Aragón se sugiere que una demarcación comarcal sería más precisa para establecer los límites de las ayudas.

Asimismo, la Comunidad Autónoma argumentó que es fundamental incluir otros cultivos leñosos en el decreto, ya que la sequía de 2024 impactó severamente en productos como el olivar y el viñedo, que quedaron lamentablemente excluidos.

Finalmente, se propuso que para evaluar los efectos de la sequía, sería más eficaz emplear herramientas como el Índice de Sequía Estandarizado de Precipitación y Evapotranspiración (SPEI). Este índice fue utilizado junto con el Índice de Precipitación Estandarizado (SPI) en la elaboración del decreto de ayudas aprobado por el Gobierno de Aragón en septiembre de 2024, que destinó 8,2 millones de euros en ayudas directas a los perjudicados por la sequía, marcando un hito sin precedentes en apoyo a los afectados en la región.