Aragón acelera la autorización de transportistas no comunitarios para combatir la escasez de conductores.
El Gobierno de Aragón, junto con la Dirección General de Transportes, la Jefatura Provincial de Tráfico de Zaragoza y la Oficina de Extranjería de la Delegación del Gobierno en Aragón, han implementado un nuevo protocolo para facilitar la habilitación de conductores internacionales que no pertenecen a la Unión Europea. Esto tiene como objetivo abordar la escasez de conductores en el sector del transporte.
El Certificado de Terceros Países es un documento necesario para que estos trabajadores puedan ejercer como conductores profesionales en España, y el proceso de obtención suele ser largo y complejo. Por ello, se busca reducir los plazos de tramitación para agilizar este proceso.
Los requisitos incluyen contar con un permiso de residencia, tener un permiso de conducción válido para vehículos pesados y obtener un Certificado de Aptitud Profesional (CAP). Para simplificar el proceso, la Oficina de Extranjería, la Jefatura Provincial de Tráfico y la Dirección General de Transportes trabajarán juntas para agilizar cada etapa.
Además, se ha anunciado que se añadirá una séptima convocatoria para la obtención del CAP en junio, lo que permitirá que más conductores puedan realizar la prueba. También se explorará una mayor colaboración con el Instituto Aragonés de la Juventud y el Instituto Aragonés de la Mujer para fomentar la profesión de conductor entre los jóvenes y las mujeres.
La medida surge como respuesta a las dificultades que enfrentan las empresas de transporte para contratar conductores, lo cual afecta al funcionamiento de cientos de empresas en Aragón. El director general de Transportes, Miguel Ángel Anía, destacó la importancia de resolver este problema para garantizar el futuro del sector del transporte en la comunidad.
Se estima que se necesitan alrededor de 10.000 conductores en la Unión Europea, ya que la demanda de transporte continúa creciendo y la falta de personal cualificado es evidente. La colaboración entre los organismos públicos y el compromiso de abordar este problema laboral y social demuestran la importancia de trabajar en conjunto para encontrar soluciones efectivas, más allá de las diferencias políticas.
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