El pasado 25 de noviembre en Zaragoza, se conoció la opinión favorable del Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación de Aragón tras la reciente decisión del Tribunal Supremo. Esta sentencia anula la polémica modificación impulsada por el Ministerio de Agricultura en el Real Decreto 159/2023, la cual exigía un incremento obligatorio de espacio por cada cerdo en las explotaciones ganaderas.

De acuerdo con el Alto Tribunal, la decisión carecía de un análisis económico sólido, apoyando así a quienes, como los representantes aragoneses, habían alertado sobre las repercusiones reales que esta normativa tendría en las granjas del territorio. La resolución retorna a las directrices del Real Decreto 1135/2002, una medida que alivia a los ganaderos de un aumento de costes que, según la propia industria, amenazaba la viabilidad de muchas explotaciones en la región.

Javier Rincón, consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, expresó su satisfacción, afirmando que “el Supremo ha ratificado nuestra postura: cualquier ordenamiento debe fundamentarse en datos verificables y en análisis económicos detallados”. También resaltó que “Aragón ha cumplido con su deber de defender el bienestar animal, pero sin sucumbir a imposiciones que ignoraban la realidad del campo”.

Rincón subrayó que “la sentencia valida que es fundamental actuar con sentido común y escuchar a quienes trabajan en el campo a diario. Aragón ha mantenido una postura equilibrada, y hoy queda demostrado que eran correctas nuestras decisiones”.

Desde el Departamento de Agricultura también se ha enfatizado que este fallo refuerza su compromiso por mantener regulaciones prácticas y factibles, que armonicen la protección animal, la sostenibilidad y la viabilidad económica del sector ganadero.

Es importante mencionar que Aragón se posiciona como el principal productor de porcino de España, con más de 15 millones de cerdos anuales y una capacidad de exportación que superó los 2.200 millones de euros en 2024, lo que representa el 25,7% del total nacional y abarca 130 países, con China como el destino más destacado fuera de la UE.

Con esta decisión, el Gobierno de Aragón reitera que cualquier normativa futura que impacte al sector ganadero deberá contar con memorias económicas exhaustivas y contrastadas, garantizando un marco jurídico estable y la seguridad necesaria para un sector tan crucial en la comunidad.