ZeC denuncia la tramitación apresurada del PIGA para centros de datos en Zaragoza

El grupo municipal de Zaragoza en Común (ZeC) ha presentado 25 alegaciones contra la modificación del Plan de Interés General de Aragón (PIGA) de Microsoft, que afecta a los municipios de Zaragoza, La Muela y Villamayor. La oposición denuncia que el Gobierno autonómico publicó el anuncio en el BOA en plena temporada estival, concediendo solo 23 días para presentar alegaciones, dificultando así la participación ciudadana.

Este proyecto contempla la instalación de dos grandes centros de datos en la ciudad, uno en Puerto Venecia y otro en la zona rural de la Cartuja Baja. ZeC advierte sobre los impactos ambientales, especialmente sobre la biodiversidad, el riesgo de inundaciones y el elevado consumo energético y de agua. Además, subrayan que estos centros contribuyen al aumento de temperaturas en una ciudad ya vulnerable ante el cambio climático.

Las implicaciones de estos proyectos van más allá de lo local, ya que estudios recientes sugieren que la acumulación de varios megacentros en la zona puede elevar significativamente la temperatura superficial del suelo y afectar los recursos hídricos. La falta de un análisis integrado y de evaluación del impacto acumulado preocupa a los responsables políticos, que temen que la planificación fragmentada agrave los riesgos climáticos y ambientales.

Desde una perspectiva política, la oposición critica el método de tramitación del Gobierno de Aragón y la falta de transparencia del proceso. ZeC también exige paralizar la licencia de limpieza y desescombro en Puerto Venecia, ante posibles residuos contaminantes y la gestión de amianto. La situación refleja la tensión entre el impulso de proyectos tecnológicos y la protección del medio ambiente y la participación ciudadana en Aragón.

En el contexto más amplio, estas acciones evidencian un debate sobre el modelo de desarrollo industrial en Zaragoza y su compatibilidad con las estrategias de adaptación al cambio climático. La comunidad científica advierte sobre los riesgos de concentrar tantos centros de datos en un entorno urbano y rural, y la necesidad de un plan de evaluación que contemple el impacto global. La futura gestión de estos proyectos dependerá de la voluntad política para equilibrar crecimiento y sostenibilidad.