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Política 10 de Julio de 2026 · 14:29h 2 min de lectura

Zaragoza exige a la DPZ el pago de 12 millones para barrios rurales

El Ayuntamiento de Zaragoza reclama a la Diputación Provincial de Zaragoza (DPZ) el abono de 12 millones de euros adeudados a los barrios rurales. La cifra corresponde a la última anualidad del convenio no abonada y a inversiones pendientes desde hace tres años.

El conflicto surge en un contexto de deterioro en la colaboración institucional entre ambas administraciones. La DPZ decidió unilateralmente cancelar el convenio de colaboración, afectando directamente las inversiones en los barrios rurales, que han quedado sin nuevos fondos desde 2022. La administración local denuncia un desprecio a estos barrios, que representan casi el 75% de la población de la provincia, y acusa a la DPZ de actuar con partidismo.

Las implicaciones de esta decisión repercuten en la calidad de vida de los vecinos rurales, que ven paralizadas obras esenciales y proyectos de mejora. La falta de inversión también aumenta la tensión política, ya que el Ayuntamiento insiste en que la DPZ priorice los intereses partidistas en lugar de atender las necesidades de los ciudadanos. La ruptura de la colaboración afecta a la coordinación en políticas públicas en la provincia.

Desde la perspectiva política, el desencuentro refleja la polarización entre las dos instituciones. El Ayuntamiento de Zaragoza apuesta por mantener el diálogo y buscar un acuerdo que garantice las inversiones, mientras que la DPZ, controlada por el PSOE, ha sido acusada de usar el presupuesto como arma política. La situación evidencia una creciente confrontación que puede afectar la estabilidad institucional y la gestión de recursos en la provincia.

De cara al futuro, se espera que ambas partes retomen el diálogo para resolver la deuda y establecer un nuevo marco de colaboración. La comunidad necesita una solución que asegure inversiones en los barrios rurales y restablezca la confianza institucional. La resolución de este conflicto será clave para evitar que la disputa política afecte la prestación de servicios y proyectos en la zona.

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