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Política 11 de Mayo de 2026 · 11:19h 2 min de lectura

Vox exige paralizar el acuerdo UE-Mercosur por impacto en agricultores aragoneses

El grupo parlamentario de Vox en las Cortes de Aragón solicitará en el pleno de esta semana la paralización del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur. La iniciativa, presentada como proposición no de ley, argumenta que el acuerdo genera una competencia desleal para los productores aragoneses y españoles debido a las diferencias en requisitos sanitarios y sociales con los productos sudamericanos.

El contexto político refleja la creciente preocupación de ciertos sectores por los efectos del acuerdo en el sector primario. Vox considera que la entrada de productos con requisitos más laxos puede perjudicar a agricultores y ganaderos locales, además de exigir que el Gobierno de España rechace formalmente el pacto. La propuesta también incluye solicitar un informe sobre su impacto económico y social, así como la celebración de un referéndum consultivo para su aprobación definitiva.

El acuerdo UE-Mercosur ha sido objeto de debate en el ámbito europeo y estatal, con voces que alertan sobre posibles daños a la agricultura europea. La iniciativa de Vox está en línea con el pacto de gobierno firmado con el Partido Popular en Aragón, que contempla un rechazo explícito al acuerdo hasta garantizar condiciones equitativas para el sector agrícola autonómico.

Desde la perspectiva política, la propuesta refleja la tensión entre las políticas de apertura comercial y la protección del sector primario. La decisión de la Comisión Europea de activar provisionalmente el acuerdo ha intensificado las críticas, con la petición de paralización hasta que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea emita un informe jurídico que clarifique su compatibilidad con los tratados comunitarios.

El debate en Aragón se enmarca en una discusión más amplia sobre la protección de los intereses agrícolas frente a las presiones del mercado global y las políticas europeas. La posición de Vox busca fortalecer la postura de defensa del sector primario en la comunidad, mientras que el futuro del acuerdo dependerá del análisis jurídico y de las decisiones políticas a nivel europeo y estatal.

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