ZARAGOZA, 14 de enero. La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha expresado su firme oposición a la reciente propuesta del Gobierno español en materia de financiación autonómica, un tema que está siendo analizado hoy en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vaquero ha argumentado que esta propuesta refleja el sometimiento del presidente Pedro Sánchez a los independentistas, así como su inclinación a priorizar sus propios intereses en un contexto marcado por la corrupción.

Durante la conferencia de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno de Aragón, la vicepresidenta subrayó que el consejero de Hacienda, Roberto Bermúdez de Castro, adoptará una postura de rechazo y reivindicación frente al modelo presentado, que ha sido criticado por su falta de claridad, transparencia y diálogo en la información proporcionada por el Ministerio de Hacienda.

Vaquero también destacó que el presidente autonómico, Jorge Azcón, ha mostrado una fuerte desaprobación hacia este modelo en función de la información disponible hasta el momento. Bermúdez de Castro se enfrenta a la difícil tarea de formarse una opinión con solo "tres escuetos folios" sobre una reforma que, según argumentan, ignora aspectos cruciales como la despoblación, la orografía y la necesidad de considerar la dispersión y el envejecimiento poblacional para asegurar una adecuada prestación de servicios públicos.

La vicepresidenta expresó su preocupación por la postura de la secretaria general del PSOE Aragón, Pilar Alegría, a quien acusa de defender lo indefendible. Vaquero advirtió que la financiación de Aragón podría verse gravemente afectada, dado que la comunidad ya experimentó una reducción del 1,9% en 2025 de sus recursos. Con el nuevo modelo, prevé que Aragón podría perder más de 230 millones de euros, lo que implicaría un serio golpe a los servicios públicos, mientras que la financiación especial para Cataluña podría acentuar aún más esta situación.

Por último, Vaquero rechazó la idea del principio de ordinalidad y reafirmó su compromiso con los principios de justicia, igualdad y solidaridad que deben regir entre todos los españoles.