La consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha expresado su respeto por las protestas que están llevando a cabo los trabajadores de los centros de menores. Estos trabajadores, organizados por la Plataforma por un Convenio Aragonés de Reforma y Protección, han convocado una huelga para exigir mejoras en sus condiciones laborales. Sin embargo, Susín ha dejado claro que el Ejecutivo no intervendrá en la relación existente entre los empleados y las empresas que gestionan dichos centros.

“Estamos totalmente de acuerdo con sus demandas, aunque debemos recordar que existe un convenio a nivel estatal. Es comprensible que busquen un convenio autonómico, ya que esto fortalecería a los sindicatos en sus negociaciones, pero el Gobierno está comprometido a respetar los contratos vigentes bajo el convenio estatal”, señaló la consejera. Además, resaltó que ella misma había informado a los representantes del sector que no se enviste la creación de una mesa tripartita para abordar dichas mejoras.

Susín realizó estas declaraciones durante la inauguración de cuatro nuevas viviendas de la Fundación Valentia en el centro Manuel Artero, en Huesca. Durante el evento, aprovechó para destacar las mejoras que se implementarán en el nuevo contrato relacionado con el centro de menores en Juslibol, Zaragoza.

El acuerdo, que fue aprobado la semana pasada por el Consejo de Gobierno, incluye un aumento del 12% en el importe del contrato, además de aplicar un incremento salarial para los trabajadores. También se acepta una de las principales demandas de la entidad que gestiona Juslibol: que el Gobierno asuma los costos de los servicios de luz y agua. “Estas son cuestiones que hacían insostenible el contrato que aprobó la administración anterior”, agregó Susín.

“Nuestra promesa era mejorar las condiciones, y lo hemos logrado. Este nuevo contrato incrementa en más de 2 millones de euros, contempla el aumento salarial y cubre los costos de los combustibles y suministros”, enfatizó la consejera, resaltando así el compromiso del Gobierno de Aragón en mejorar las condiciones de los centros de menores.