Susín aclara a Alegría (PSOE) que la firma del convenio de atención a la dependencia es responsabilidad de patronal y sindicatos.

En Zaragoza, el 27 de marzo, la consejera de Bienestar Social y Familia del Gobierno de Aragón, Carmen Susín, ha expresado este viernes que la responsabilidad de suscribir el convenio colectivo autonómico para el sector de atención a la dependencia recae en la patronal y los sindicatos. Esto ocurre en respuesta a las declaraciones de la secretaria general del PSOE en Aragón, Pilar Alegría, quien planea presentar una proposición de ley en las Cortes para facilitar este acuerdo.

Susín argumentó que cuando el Partido Popular asumió el Gobierno de Aragón en 2023, el ámbito de las residencias enfrentaba serias dificultades para implementar las aumentos salariales dictados por el Gobierno de España y gestionar los costos asociados a las plazas residenciales. Según ella, estas complicaciones han sido resueltas desde que el PP tomó el mando.

Además, criticó a Alegría, sugiriendo que no debería ofrecer consejos sobre la gestión pasada, tanto en su etapa como consejera en Aragón como en su rol como ministra en el Gobierno central. Susín instó a la líder del PSOE a informarse mejor y adoptar un enfoque más realista, evitando caer en la demagogia y el populismo.

En una comunicación oficial, el Gobierno en funciones aclaró que no está en su ámbito firmar convenios autonómicos ni tiene competencias en materia laboral, reafirmando que se encuentra en negociaciones para un nuevo convenio nacional en el ámbito de dependencia, tras la finalización del anterior acuerdo.

El comunicado también destacó que la gestión del gobierno anterior había sido insatisfactoria, con una insufrida dotación de recursos para el precio de las plazas y los servicios del tercer sector, lo que había llevado a una situación crítica de infrafinanciación. Sin embargo, sostienen que desde agosto de 2023 se ha comenzado a revertir esta fase crítica.

Se mencionó que, durante el mandato que incluyó a Pilar Alegría, el aumento en el precio de las plazas fue solo del 1.5% en 2023, a pesar de que la inflación alcanzaba el 9%. El Gobierno de Azcón, en cambio, ha logrado garantizar la sostenibilidad de las plazas concertadas, lo que ha tornado posibles los incrementos salariales correspondientes.

El Departamento de Bienestar Social y Familia ha insistido en varias ocasiones sobre la necesidad de que el Gobierno central cumpla con su deber de cofinanciar la dependencia, una vez más abogando por esta medida en el Senado esta semana.

De cara al futuro, se prevé que el gasto en dependencia en Aragón para 2025 alcance los 348 millones de euros, cubriendo un 68.16% la Comunidad Autónoma y el 31.84% restante el Estado. Sin embargo, la Ley de Dependencia estipula que el Gobierno de España debería contribuir con el 50% de este gasto, cosa que no ha sucedido. Esto se agrava con el hecho de que su aporte permanece congelado desde hace tres años debido a la ausencia de los Presupuestos Generales del Estado.

En medio de esta situación, el Gobierno de Sánchez ha asegurado que cumplirá con la financiación del 50% para el País Vasco y Cataluña, lo que, según críticos, genera diferencias entre dependientes de primera y segunda clase.

Por último, se anticipa que la normativa en materia de dependencia, a través de la Ley de Ordenación de Entidades, deberá ser discutida en las Cortes como un paso esencial para actualizar la regulación de los centros asistenciales. Se destacó que el PSOE había presentado su ley al Parlamento en dos ocasiones sin el interés genuino de aprobarla, evitando así ejecutar la reforma necesaria de la ley de 1992.