ZARAGOZA 5 de diciembre. En un reciente pronunciamiento, la diputada autonómica de Vox, Carmen Rouco, ha expresado su firme oposición a la nueva normativa que obligará a los conductores a portar una baliza de emergencia V-16 a partir del próximo 1 de enero. A su juicio, esta medida representa una "carga innecesaria" que afectará directamente a las familias y a los trabajadores.

Es importante señalar que la disposición relacionada con la baliza V-16, incluida en el Real Decreto 159/2021, no entrará en vigencia hasta el 1 de enero de 2026, según lo estipulado por la Instrucción MOV 2025/1 de la Dirección General de Tráfico (DGT). Este plazo se ha establecido para regular adecuadamente los servicios de auxilio en las vías públicas.

Vox ha dado un paso al frente al presentar una iniciativa en las Cortes de Aragón, así como en otros parlamentos autonómicos y en el Congreso. Su propuesta consiste en "suspender la obligatoriedad de la baliza V-16", a la espera de estudios técnicos independientes que demuestren su efectividad en condiciones reales. Además, buscan garantizar que se permita el uso de triángulos reflectantes como método alternativo para advertir sobre incidentes en la carretera.

En sus declaraciones, Rouco ha descrito la baliza como un "gasto adicional" que oscila entre los 30 y 70 euros, y ha cuestionado la racionalidad de aplicar esta normativa únicamente a los vehículos matriculados en España, mientras que los millones de coches extranjeros que transitan por las carreteras no se ven afectados.

La diputada también ha criticado las recomendaciones de la DGT que sugieren a los conductores colocar la baliza desde el interior del vehículo. Según Rouco, esta práctica va en contra de los protocolos de seguridad que aconsejan a los ocupantes evacuar el automóvil y situarse en un lugar seguro, lo que podría poner en riesgo a los conductores en caso de un incidente.

Rouco ha resumido que la obligatoriedad de la baliza V-16 no asegura mejoras reales en la seguridad vial y ha lamentado la falta de opciones para los conductores, quienes no pueden elegir entre la baliza y los triángulos reflectantes, los cuales gozan de un mayor consenso en cuanto a su eficacia.

Ante esta situación, Rouco ha hecho un llamado a utilizar "el sentido común", argumentando que esta nueva normativa incrementa el estrés económico de las familias y podría poner en peligro la seguridad en las vías. "Nos oponemos rotundamente a esta medida, que solo servirá para agravar la situación económica de los españoles y complicar aún más su vida cotidiana", concluyó, enfatizando que los verdaderos obstáculos surgen no de las carreteras, sino de las decisiones políticas que afectan a la ciudadanía.