PP y Vox buscan una consultora para implementar la Zona de Bajas Emisiones en Zaragoza.

El pasado martes, 31 de marzo, la concejal del Partido Popular (PP) en Zaragoza, Tatiana Gaudes, y la portavoz del grupo municipal de Vox, Eva Torres, se reunieron para abordar los avances en la regulación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) de la ciudad. Este encuentro busca concretar la vinculación normativa entre esta zona y la calidad del aire, y para ello han decidido recurrir a una consultora externa que dé respuestas técnicas sobre estas cuestiones.

En palabras de Gaudes, el principal objetivo de esta colaboración es garantizar que las ayudas que el Ayuntamiento zaragozano recibe del Gobierno central, que están condicionadas a la implementación de la ZBE, no se encuentren en peligro, a la vez que se busca adaptar la normativa a las particularidades de Zaragoza.

El acuerdo entre ambas formaciones políticas aboga por contratar a una consultora que realice un estudio exhaustivo sobre los métodos de medición de la calidad del aire en la ZBE, considerando opciones como unidades móviles, estaciones fijas y otros dispositivos, así como su ubicación y coste asociado.

Además, la concejal del PP ha resaltado la necesidad de llevar a cabo un análisis técnico especializado que permita definir el modelo más adecuado para la ciudad, siempre cuidando las ayudas y subvenciones vinculadas a la movilidad sostenible y a la calidad del aire.

Durante la reunión, Gaudes mencionó que desde la anterior administración, la actual alcaldesa, Natalia Chueca, ha sostenido que las directrices del Gobierno de Pedro Sánchez deben ser adaptadas a las realidades locales. Según ella, es esencial evitar que un enfoque rígido perjudique a ciudades como Zaragoza.

Gaudes también informó que la modificación de la ordenanza en lo que respecta a la delimitación, ubicación y permisos de acceso se mantendrá, pero ahora se enfocarán en la calidad del aire como criterio para activar el régimen sancionador.

Para implementar estos parámetros de calidad del aire, es indispensable contar con un análisis histórico sobre la contaminación en la ciudad y trabajar en base a los objetivos que ha establecido la Unión Europea para el año 2030.

La concejal estimó que en un plazo de aproximadamente un mes se recibirán los resultados del estudio de la consultora, lo que permitirá definir la hoja de ruta para las siguientes fases del trabajo. "Nos reuniremos en un mes para evaluar los datos y los niveles de contaminantes que serán clave para entender la situación de la calidad del aire en Zaragoza", añadió.

Una vez se obtenga el informe de la consultora, que no requiere licitación, se iniciará el proceso de modificación de la ZBE, el cual se estima que tardará alrededor de tres meses en tramitarse.

En declaraciones a los medios, Tatiana Gaudes puntualizó que se están cumpliendo con los requisitos del Ministerio de Transición Ecológica para acceder a importantes fondos de transporte, que ascienden a cerca de 23 millones para el periodo 2025-2026. Según ella, un informe de la Asesoría Jurídica respalda que estas acciones son legales, y citó ejemplos de otras ciudades que ya han implementado normativas similares.

La concejal del PP dejó claro que cada ciudad tiene sus particularidades y es evidente que las ordenanzas sobre la Zona de Bajas Emisiones deben ser adaptadas para minimizar los posibles inconvenientes a la población local. "Esta adaptación ya se está realizando en otras ciudades como Sevilla", recalcó.

Por su parte, la portavoz de Vox, Eva Torres, manifestó que su formación siempre ha defendido que nadie debería ser discriminado por ingresar a Zaragoza en vehículo, especialmente aquellos que no tienen los recursos suficientes. "Entre 40,000 y 50,000 vehículos podrían verse afectados, y consideramos esto profundamente injusto", afirmó.

Desde el PP, también se coincidió en que la calidad del aire en Zaragoza presenta diferencias notables en comparación a otras grandes ciudades, por lo que sería sensato que la ZBE local se dotara de características propias. Asimismo, enfatizaron que el control y las sanciones asociadas a la normativa no deberían ser permanentes, sino aplicarse únicamente en momentos de alta contaminación.