Los grupos minoritarios de las Cortes de Aragón rechazan la distribución de subvenciones basada en proporcionalidad pura
En la sesión de la Junta de Portavoces de las Cortes de Aragón, celebrada el 31 de marzo, se acordó una distribución de fondos de más de dos millones de euros destinada a gastos de personal de los grupos parlamentarios, aplicando un criterio de proporcionalidad pura. Los representantes de A-TE e IU, que integran el Grupo Mixto, denunciaron que esta fórmula limita significativamente sus recursos y capacidad de contratación, proponiendo alternativas que no fueron atendidas.
Este acuerdo se enmarca en un nuevo marco económico aprobado con los votos de PP, PSOE y Vox, en contraste con la oposición de CHA, A-TE e IU. La decisión ha suscitado críticas por parte de estas últimas formaciones, que consideran que el reparto viola principios históricos de la cámara y perjudica a los grupos con menor representación, como los del Grupo Mixto, que incluyen a la coalición Aragón-Teruel Existe y a IU.
Durante la rueda de prensa, Marta Abengochea resaltó que la carga de trabajo en los grupos pequeños es proporcionalmente mayor en relación con sus recursos, y que la aplicación estricta del criterio de proporcionalidad resulta injusta. La diputada criticó además la imposición de un sistema que, en su opinión, favorece claramente a los partidos mayoritarios, en detrimento de los grupos minoritarios y de su capacidad de participación en la labor parlamentaria.
Por su parte, Tomás Guitarte expresó que esta modificación rompe con una práctica habitual en las Cortes, donde históricamente se han garantizado recursos suficientes a los grupos minoritarios. Consideró que la medida responde a una estrategia para reducir la influencia de los grupos pequeños, lo que podría afectar a la pluralidad política y al funcionamiento democrático de la cámara.
La decisión ha generado un debate sobre la equidad en la distribución de recursos en las instituciones autonómicas, en un contexto donde las formaciones con menor representación alegan que sus funciones y derechos están siendo reducidos mediante decisiones que parecen favorecer a los grandes partidos. La polémica refleja también las tensiones existentes en la política aragonesa respecto a la distribución de poder y recursos en la legislatura actual.
Este conflicto se sitúa en un marco más amplio de tensiones políticas en Aragón, donde los equilibrios de poder y la distribución de recursos públicos están siendo objeto de controversia, en un momento de cambios en el escenario político regional y nacional, con implicaciones para la representación y el funcionamiento de los grupos políticos en las instituciones públicas.