La Justicia de Aragón gestionó más de 2.100 expedientes en 2025, alertando sobre la falta de profesionales sanitarios
Durante 2025, la Justicia de Aragón tramitó un total de 2.135 expedientes, lo que supone un incremento del 9% respecto al año anterior y un 22% en comparación con 2023. La institución cerró el año con 2.032 casos resueltos y destacó la necesidad de reforzar el personal sanitario, especialmente médicos, en toda la comunidad autónoma. La gestión eficiente y la confianza en la institución siguen en aumento, con 8.922 ciudadanos solicitando mediación y un 73% de aceptación en las sugerencias planteadas.
Este volumen de trabajo refleja un contexto político marcado por desafíos en la gestión de recursos públicos y la necesidad de mejorar la calidad de los servicios públicos, particularmente en sanidad, en un momento en que Aragón enfrenta presiones presupuestarias y dificultades en la planificación sanitaria. La presentación del informe coincide con debates sobre la dotación de recursos en el sistema sanitario y las prioridades del Ejecutivo autonómico, en un escenario donde la demanda social exige respuestas inmediatas y sostenibles.
Entre las principales áreas de queja se encuentran Sanidad, con 290 casos, y Servicios Sociales, con 215. La institución ha alertado sobre la escasez de personal médico en zonas rurales y la saturación de los servicios de atención primaria y especializada, además de señalar las demoras en recursos y la falta de recursos en hospitales de referencia. La gestión de estas carencias es un tema central en la agenda política del Gobierno de Aragón, que enfrenta presiones para garantizar una atención sanitaria adecuada en todo el territorio.
En el ámbito social y educativo, se ha puesto de relieve la necesidad de mejorar protocolos frente al acoso escolar y de fortalecer la figura del docente, en un contexto donde las instituciones deben equilibrar la atención a la diversidad y el uso de nuevas tecnologías. La institución ha instado a una mayor coordinación con las administraciones educativas y sociales para responder a estas demandas, en un escenario de creciente participación ciudadana y mayor transparencia en la gestión pública.
Desde la perspectiva más amplia, el informe refleja la complejidad del entramado institucional en Aragón, en un momento de transición política y de desafíos económicos derivados de la necesidad de modernizar infraestructuras y recursos. La gestión de la justicia, la sanidad y los servicios sociales en un contexto de restricciones presupuestarias requiere de una planificación estratégica a largo plazo, que garantice la calidad de vida y los derechos de los ciudadanos en toda la comunidad.
En un panorama general, la labor del Justicia de Aragón evidencia la importancia de fortalecer las instituciones públicas en un territorio con desafíos específicos, como la dispersión poblacional y la diversidad social. La colaboración con otras administraciones y el compromiso con la transparencia y la participación ciudadana son claves para afrontar los retos del presente y del futuro en una región que busca consolidar su desarrollo social y económico.