IU denuncia que el Gobierno de Aragón destina 2,7 millones a conciertos privados en Bachillerato en plena prórroga presupuestaria

El pasado martes, la diputada de IU Aragón, Marta Abengochea, denunció que el Ejecutivo autonómico ha destinado 2,7 millones de euros públicos para financiar centros privados en Bachillerato, mientras mantiene una reducción en la inversión en la red pública. La medida, que afecta al presupuesto del próximo curso escolar, se ha aprobado en un contexto de gobierno en funciones y con presupuestos prorrogados, lo que genera dudas sobre la gestión y prioridades del actual ejecutivo.

Este tipo de concertaciones en educación secundaria se realiza en un escenario donde, según la normativa vigente, solo deberían autorizarse cuando existe una necesidad real de escolarización. Sin embargo, las plazas en centros públicos aragoneses son suficientes, lo que lleva a IU a cuestionar si la decisión responde a intereses ideológicos o económicos, en lugar de las necesidades educativas de la población.

Desde la formación política, se acusa al Partido Popular de utilizar recursos públicos para favorecer intereses privados, en particular, los vinculados a centros educativos gestionados por la Iglesia. La diputada Abengochea ha señalado que esta medida no solo refuerza un modelo que aumenta la segregación, sino que también contradice los principios de equidad y planificación educativa que se promueven desde la normativa vigente.

El contexto político actual en Aragón se caracteriza por la inestabilidad del gobierno, que carece de control parlamentario efectivo y opera con presupuestos prorrogados desde hace meses. La decisión de modificar partidas presupuestarias en estas circunstancias refleja una estrategia política para mantener ciertos intereses privados, en detrimento de la inversión en la educación pública.

La reacción de IU Aragón se ha centrado en reforzar su campaña en defensa de la educación pública, promoviendo la escolarización en centros públicos y denunciando que las políticas actuales favorecen la privatización del sistema educativo. La organización insiste en que la educación pública debe ser el principal garante de igualdad y calidad para toda la ciudadanía aragonesa.

Este escenario en Aragón refleja una tendencia más amplia en España, donde la privatización y los conciertos educativos continúan generando debate. La situación evidencia las tensiones entre las políticas de gestión en contextos de inestabilidad política y la necesidad de fortalecer la inversión en una red pública que garantice derechos y equidad para todos los estudiantes.