IU Aragón denuncia al PP por falta de fondos en dependencia, criticando su enfoque asistencialista sobre la justicia social.

El 27 de marzo en Zaragoza, la diputada de Izquierda Unida (IU) en las Cortes de Aragón, Marta Abengochea, ha expresado su profunda preocupación por la situación de la financiación del sistema de dependencia en la región. En sus declaraciones, Abengochea ha señalado que Aragón presenta un gasto social por habitante que es un 33% inferior a la media del país, lo cual atribuye a la política "intencionada" del Gobierno autonómico del Partido Popular (PP), que, según ella, busca desmantelar este servicio público en favor de un enfoque asistencialista que sacrifica la justicia social.

Durante una rueda de prensa, la diputada se basó en el reciente informe del Observatorio de la Dependencia, que revela que al final de 2025, Aragón atendía a 49.312 personas, con 5.239 nuevas prestaciones. Sin embargo, el incremento de estas prestaciones fue un 34% menor que en 2024, lo que indica, según Abengochea, una clara infrafinanciación del gasto público destinado a este colectivo.

La representante de IU enfatizó que uno de los problemas radica en la mayor parte de la cartera de servicios que se centra en prestaciones para cuidados en el entorno familiar, así como en ayudas económicas que son "subfinanciadas". Esto significa que los beneficiarios reciben cantidades significativamente inferiores a los costos reales de estas atenciones, lo que deja a muchas familias en una situación precaria.

Abengochea argumentó que, en lugar de estas ayudas económicas, deberían priorizarse servicios como la ayuda a domicilio, los centros de día o la teleasistencia, que considera fundamentales para un sistema efectivo de dependencia. "Sin embargo, la estrategia del PP en Aragón se aleja de esta lógica", sostuvo, acusando al Gobierno de Azcón de reducir la importancia de los servicios públicos, los cuales son esenciales para asegurar la calidad de la asistencia, independientemente de las condiciones socioeconómicas de las familias.

La diputada recalcó la necesidad de que estos derechos se protejan a través de servicios públicos sólidos, subrayando que la atención a dependientes no puede ser una carga que recae sobre la responsabilidad personal o familiar. Abengochea no dudó en criticar a la consejera de Bienestar Social y Familia en funciones, Carmen Susín, afirmando que no se puede "presumir de una gestión impecable" cuando la realidad muestra lo contrario.

Además, la parlamentaria de IU mencionó la reciente modificación del Plan Estratégico de Subvenciones del Instituto Aragonés de Servicios Sociales (IASS), que busca establecer una nueva línea de subvenciones plurianuales de 6 millones de euros para distribuir tarjetas monedero, destinadas a familias vulnerables para la compra de productos básicos. Sin embargo, Abengochea considera que esta no es la solución adecuada.

Según su análisis, la política del PP está diseñada para debilitar la red pública de servicios sociales, empujando a la población hacia una dependencia de soluciones asistencialistas, como los bancos de alimentos, que no son representativas de una gestión digna y efectiva ante las necesidades básicas de la ciudadanía.

Abengochea denunció que esta dependencia de bancos de alimentos es estigmatizante y defiende que el acceso a una vida digna debe garantizarse desde lo público, argumentando que es esencial que el Gobierno autonómico actúe con responsabilidad y no deje a las personas a merced de un sistema asistencialista que erosione su dignidad.

Reiteró que las directrices del Fondo Social Europeo promueven una asistencia material básica que respete la dignidad y que evite la estigmatización de los beneficiarios. Sin embargo, lamentó que el Gobierno de Aragón aún no ha implementado estas medidas adecuadamente, a pesar de que debería representar un avance para garantizar la dignidad de todos.

Por último, Abengochea criticó la inacción del Gobierno aragonés, que sigue "paralizado" y en funciones, lo que limita el control democrático sobre los recursos destinados a estas iniciativas. Así, hizo un llamado a la consejera Susín y al Ejecutivo autonómico a dejar de lado el triunfalismo y asegurar "derechos garantizados desde lo público" en lugar de depender de soluciones asistencialistas.