Exconsellers presentan querella por riesgo inminente de daño a las obras de Sijena.

BARCELONA, 24 de marzo.

Este martes, cinco exconsellers de Cultura de la Generalitat han interpuesto una demanda ante los tribunales en contra del traslado de las célebres pinturas murales de Sijena desde el Museo Nacional de Arte de Catalunya (MNAC) hacia el Monasterio de Santa María de Sijena, ubicado en Huesca, advirtiendo sobre el riesgo inminente de deterioro o incluso destrucción de estas valiosas obras.

La acción legal fue promovida por el abogado y exdiputado de Junts, Jaume Alonso Cuevillas, representando a los exconsellers Lluís Puig, Joan Manuel Tresserras, Ferran Mascarell, Laura Borrás y Àngels Ponsa. La querella se dirige tanto contra la magistrada a cargo del caso como contra las autoridades del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, quienes han iniciado una demanda para la ejecución de la sentencia.

Según documenta Europa Press, los exconsellers sostienen que a pesar de haber cumplido con su responsabilidad en la gestión de Cultura y la conservación del patrimonio, siguen sintiendo un compromiso con la protección de los Bienes de Interés Cultural (BIC) en Catalunya.

Advierte que si se lleva a cabo el traslado de las pinturas murales a Huesca, se podría ocasionar una "destrucción" o alteración significativa de un BIC, tal como han señalado múltiples expertos en la materia. Además, plantean que podría haber posibles responsabilidades penales debido a presuntos delitos de prevaricación y de daño al patrimonio histórico.

La querella, presentada ante la Sala Penal y Civil del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, argumenta que la ejecución de la sentencia emitida por el Juzgado de 1ª Instancia e Instrucción de Huesca número 2 podría constituir, de manera inevitable, un delito contra el patrimonio histórico, de acuerdo con lo estipulado en el Código Penal.

En este contexto, los exconsellers subrayan que las pinturas de Sijena cuentan con un nivel de protección tan riguroso que otros derechos, incluido el de ejecutar sentencias, se ven disminuidos cuando dicha ejecución puede conllevar la consumación de un delito.

Argumentan, además, que si se prosigue con el intento de traslado a pesar de varios informes periciales que advierten del "peligro seguro de deterioro o destrucción de las obras", los responsables de esta decisión podrían ser acusados de prevaricación por actuar con conocimento de los graves riesgos implicados.

Por todo lo expuesto, solicitan que se realicen diversas diligencias, incluyendo el interrogatorio de los querellados, así como medidas cautelares que detengan la ejecución de la sentencia. Insisten en que resulta fundamental y coherente ordenar la paralización de la ejecución del fallo judicial dado su carácter firme.