El PSOE reclama participación para definir el futuro del Palacio de Fuenclara en Zaragoza

El grupo municipal del PSOE en Zaragoza ha solicitado formalmente la apertura de un proceso participativo para decidir los usos del Palacio de Fuenclara, un inmueble del siglo XVI situado en el Casco Histórico. La petición surge tras conocerse el interés de cadenas hoteleras en el edificio, sin que el Ayuntamiento haya comunicado claramente sus planes.

El Palacio de Fuenclara, un ejemplo de arquitectura renacentista, ha sido objeto de diferentes propuestas de gestión a lo largo de los años. La falta de información y las decisiones unilaterales del equipo de gobierno han generado preocupación entre los responsables políticos y la ciudadanía que defiende el patrimonio cultural de la ciudad.

Desde el PSOE consideran que el patrimonio de Zaragoza no debe venderse ni transformarse en un mero producto de mercado. La iniciativa busca promover un debate abierto y transparente, que incluya a entidades culturales y a la ciudadanía, para definir un uso que preserve la identidad y el valor histórico del edificio.

El actual equipo de gobierno, alineado con la tendencia de priorizar el turismo y la economía sobre la conservación patrimonial, ha sido criticado por su falta de inversión y planificación en estos espacios. En siete años, solo se han destinado 92.000 euros a solucionar problemas de agua en Fuenclara, mientras que el patrimonio sigue en riesgo.

El PSOE también ha solicitado inspecciones a otros restos patrimoniales de la ciudad, como la imprenta de los Hermanos Blasco y la antigua fábrica de Averly. La intención es evaluar su estado y evitar que la dejadez provoque su pérdida definitiva. La oposición exige mayor transparencia y un plan estratégico para la conservación cultural de Zaragoza.

El futuro del Palacio de Fuenclara dependerá en gran medida de la voluntad política y de la participación ciudadana. La presión social y política puede impulsar una gestión más respetuosa con la historia de la ciudad, en un contexto donde la protección del patrimonio se enfrenta a intereses económicos y a la falta de recursos públicos.