El PSOE exige comparecencia de Azcón en las Cortes por la concertación del Bachillerato en Aragón
La portavoz del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Pilar Alegría, solicitó formalmente la comparecencia del presidente en funciones, Jorge Azcón, para explicar la decisión del Ejecutivo autonómico de priorizar la concertación del Bachillerato a partir del próximo curso. La medida, que implica un cambio en el modelo educativo, ha generado controversia al considerarse una posible privatización de una etapa no obligatoria, que actualmente cuenta con más de 1.300 vacantes en la enseñanza pública aragonesa.
Este anuncio se produce en un contexto político caracterizado por la inacción del Gobierno autonómico, que lleva meses en situación de interinidad y con una prórroga presupuestaria en vigor. La oposición, en particular el PSOE, sostiene que la decisión afecta de manera estructural al sistema educativo público y que se ha adoptado sin un diálogo previo con la comunidad educativa ni con los grupos parlamentarios, en un momento en que la atención debería centrarse en otras prioridades sociales y económicas.
Desde el Ejecutivo aragonés, la medida se justifica como una ampliación de la oferta educativa y una oportunidad para fortalecer la concertación en un sistema que, según sus argumentos, necesita diversificación. Sin embargo, los críticos, encabezados por el PSOE, advierten que esta política podría derivar en una reducción de recursos destinados a la escuela pública, desviando fondos hacia centros concertados privados con dinero público, lo que consideran una privatización encubierta.
El debate político también refleja la tensión entre las distintas ideologías sobre el papel del sector público en educación. La oposición acusa al Gobierno de Azcón de promover un modelo que prioriza la iniciativa privada a costa de la sostenibilidad del sistema público, que en Aragón ha sido tradicionalmente fuerte en cuanto a recursos y cobertura.
Por último, en un escenario más amplio, esta medida se enmarca en una estrategia que, según algunos analistas, busca debilitar la red pública en favor de la privada concertada, en un contexto de inestabilidad política en la comunidad. La comparecencia solicitada busca, además, que el Ejecutivo explique los criterios que han motivado esta decisión y su impacto en la calidad y equidad del sistema educativo autonómico.