El Gobierno de Sánchez causará una pérdida de más de 54,6 millones al Ejecutivo aragonés con sus políticas fiscales por el conflicto en Irán.
ZARAGOZA, 26 de marzo.
Las iniciativas establecidas por el Gobierno de Pedro Sánchez para mitigar las consecuencias económicas derivadas del conflicto en Irán comienzan a reflejarse en las finanzas públicas de Aragón. Según estimaciones del Departamento de Hacienda, Interior y Administración Pública, el impacto total se eleva a 54,26 millones de euros, cifra que pone de manifiesto el efecto de las decisiones fiscales implementadas en un entorno internacional incierto.
La mayor parte de este impacto se registra en el IVA, que representa 34,03 millones de euros, seguido del impuesto especial sobre la electricidad, con un costo de 17,52 millones. Además, se contabilizan 2,71 millones de euros por el impuesto sobre hidrocarburos, lo que ilustra cómo las resoluciones a nivel nacional tienen repercusiones directas en las finanzas de las comunidades autónomas.
Esta proyección sobre la disminución en la recaudación, relacionada con las acciones adoptadas en respuesta a la crisis por la guerra de Irán, se estima hasta el 30 de junio de este año. Esto sugiere que el efecto podría aumentarse en los próximos meses si persisten las condiciones económicas actuales.
El análisis llevado a cabo por el Gobierno de Aragón se basa en datos de impacto global a nivel estatal proporcionados por Analistas Financieros Internacionales (AFI) y en los índices reales de consumo derivados de la última liquidación del sistema de financiación autonómica.
Jorge Azcón, presidente del Gobierno de Aragón en funciones, destacó que las políticas implementadas por la administración central son asumidas finalmente por las comunidades autónomas, las cuales ven mermada su capacidad financiera sin haber estado involucradas en la decisiones que las ocasionaron.
El Ejecutivo autonómico hace un llamado al principio de lealtad institucional existente en la ley, el cual establece que el Gobierno debería evaluar el impacto de estas medidas y ofrecer compensación por la reducción en los ingresos, a fin de financiar de manera adecuada los servicios públicos esenciales en las comunidades autónomas.