El Gobierno de Aragón, encabezado por el presidente Jorge Azcón, ha tomado la decisión de interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía. Esta medida se presentará antes del 11 de septiembre, fecha límite para hacerlo, con el objetivo de defender la igualdad, la legalidad, el Estado de derecho y la Constitución.

Esta acción fue anunciada durante una rueda de prensa posterior al primer Consejo de Gobierno del curso político. Azcón destacó que Aragón fue la primera autonomía en anunciar este recurso y que se presentará de forma conjunta con el Parlamento autonómico, respaldado por informes del Consejo Consultivo y la letrada mayor de las Cortes de Aragón.

El presidente aragonés enfatizó que era una obligación política y moral defender el marco de convivencia de la Constitución de 1978 contra la ley de amnistía. Se comprometió a cumplir con la palabra dada a los aragoneses y a proteger principios como la ley y el Estado de derecho.

Azcón explicó que lo sucedido en el pasado fue un golpe de Estado, no una mera opinión, como lo calificó el Tribunal Supremo. Por lo tanto, considera que un golpe de Estado no merece ser amnistiado, especialmente por un chantaje político para mantener a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

Además, señaló que a pesar de la amnistía, los independentistas mantienen su postura y continúan con su deseo separatista, como se evidenció con la huida de Puigdemont. Azcón expresó preocupación por las ansias rupturistas y la falta de respeto a la Constitución por parte de estos sectores.

El Gobierno de Aragón conformó un grupo de trabajo interdepartamental para analizar jurídicamente la ley de amnistía y recopilar argumentos para un eventual recurso de inconstitucionalidad. Se realizaron reuniones periódicas y se obtuvo el dictamen del Consejo Consultivo de Aragón, que concluyó la inconstitucionalidad de la ley.

Asimismo, se detectaron múltiples pronunciamientos de rechazo de asociaciones y colectivos jurídicos, así como de las Cortes de Aragón. Otras comunidades autónomas también han aprobado medidas de rechazo y anunciado recursos de inconstitucionalidad.

El Gobierno aragonés considera que la ley de amnistía vulnera los principios democráticos y la Constitución, así como la unidad de la nación española. Por ello, buscan interponer un recurso de inconstitucionalidad para defender los intereses aragoneses y el respeto a los procedimientos legislativos establecidos.

En resumen, el Gobierno de Aragón se muestra firme en su postura de combatir la ley de amnistía y defender la legalidad, la Constitución y la unidad de España, con la convicción de que esta normativa atenta contra los fundamentos democráticos y la convivencia pacífica en el país.