El Gobierno de Aragón exige autorización para el traslado de pinturas de Sijena
El Ejecutivo aragonés ha solicitado formalmente al Museo Nacional de Arte de Cataluña (MNAC) que remita el plan técnico y los estudios de conservación de las pinturas profanas de Sijena, en respuesta a la previsión de traslado antes de agosto. La demanda responde a la necesidad de garantizar la protección del patrimonio cultural aragonés, que aún requiere autorización previa para su traslado.
La situación se enmarca en una resolución judicial que obliga al MNAC a devolver las obras, consideradas Bienes de Interés Cultural (BIC). Sin embargo, la iniciativa del museo catalán, que anuncia el desmontaje para principios de julio y el traslado en menos de dos meses, ha generado preocupación en Aragón. La administración regional insiste en que las actuaciones deben cumplir estrictamente los protocolos y contar con la supervisión previa.
Desde el Gobierno de Aragón, se recuerda que la protección del patrimonio cultural es competencia de la autoridad pública aragonesa, en este caso la Comisión Provincial de Patrimonio Cultural de Huesca. La vicepresidenta Mar Vaquero ha señalado que, aunque la cercanía del regreso es positiva, todo proceso debe realizarse con garantías y tras la intervención administrativa correspondiente.
Además, se ha exigido al MNAC que comunique el calendario de trabajos para que los técnicos aragoneses puedan participar en la supervisión durante el traslado. La administración regional también ha recordado que el plazo judicial de 56 semanas para la devolución sigue en marcha, y que aún no hay avances claros en la ejecución de la sentencia.
Este episodio refleja las tensiones existentes entre las instituciones españolas en torno a la protección y devolución del patrimonio cultural. La controversia también implica aspectos políticos, dado que la gestión de bienes culturales tiene un componente simbólico y de reafirmación de la autoridad en Aragón frente a decisiones del Estado o instituciones catalanas.
De cara al futuro, la coordinación entre las administraciones será clave para garantizar una restitución segura y conforme a la ley. La voluntad del Gobierno de Aragón de controlar todo el proceso refleja la importancia de mantener la protección del patrimonio en manos regionales, en línea con las sentencias judiciales y la legislación vigente.