El Gobierno de Aragón debe regular las actividades extraescolares para proteger al profesorado

El Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Enseñanza de Aragón (STEA) ha exigido al Ejecutivo autonómico la creación de una normativa específica que garantice la seguridad jurídica y laboral del profesorado en actividades complementarias, especialmente en viajes de estudios. La demanda surge tras el caso del fallecimiento de un alumno en un viaje a Bélgica, que ha puesto de manifiesto la vulnerabilidad del personal docente ante la ausencia de protocolos claros. La reivindicación del sindicato busca delimitar responsabilidades y ofrecer protección jurídica a los profesores, quienes asumen en muchas ocasiones responsabilidades que no les corresponden por falta de regulación. La propuesta incluye la definición de protocolos autonómicos para viajes escolares y actividades internacionales, buscando reducir la indefensión del profesorado ante posibles incidentes y procesos judiciales. Desde STEA alertan que la falta de un marco normativo afecta la organización de actividades extraescolares, perjudicando la calidad educativa y la participación del alumnado en experiencias internacionales. La iniciativa política también responde a un contexto en el que la precarización y la incertidumbre jurídica dificultan la planificación de programas complementarios en los centros públicos aragoneses. La demanda del sindicato se enmarca en un escenario de debate sobre la protección de derechos laborales y la calidad del sistema educativo público, en un momento en que las políticas educativas están bajo tensión por decisiones que priorizan la privatización y la austeridad. La propuesta del sindicato apunta a fortalecer los mecanismos de protección y a promover un modelo de actividades educativas seguras y de calidad, en línea con los principios de una educación pública inclusiva y democrática. En el contexto político, la exigencia de STEA refleja la necesidad de fortalecer la regulación del sector educativo ante los desafíos de una Administración que, en ocasiones, prioriza intereses económicos y de mercado sobre la protección social y laboral del profesorado.