El Ayuntamiento de Zaragoza refuerza gestión de expedientes migratorios ante caos del decreto

El Consistorio zaragozano ha comenzado a tramitar en la Casa de las Culturas los informes de vulnerabilidad relacionados con el proceso de regularización extraordinaria de inmigrantes. Hasta la fecha, se han recibido más de 2.100 expedientes, mayoritariamente solicitudes de informes de vulnerabilidad, que ahora se gestionarán en ese centro.

Esta decisión responde a un aumento en la volumen de solicitudes y a la necesidad de desdoblar los servicios para mejorar la eficiencia. El Ayuntamiento ha solicitado personal voluntario para ampliar horarios, especialmente en las tardes, y evitar el colapso de los recursos sociales ordinarios. La medida busca atender a quienes tienen derechos a ayudas de urgencia sin que los servicios habituales se vean afectados.

La alcaldesa Natalia Chueca ha criticado la gestión del Gobierno Central, acusando falta de planificación y comunicación. Denuncia un «caos absoluto» y la ausencia de recursos adecuados para gestionar un proceso que, según distintas fuentes sindicales, podría afectar a más de un millón de personas en situación irregular, lo que evidencia una gestión improvisada y descoordinada.

En el plano político, la edil ha reclamado mayor transparencia y recursos al Gobierno de Pedro Sánchez, cuestionando la transferencia de competencias sin una memoria económica adecuada. Además, ha solicitado la ampliación del plazo del decreto, que vence el 30 de junio, para evitar que la situación se agrave aún más.

El contexto refleja las tensiones entre las administraciones locales y el Ejecutivo central ante la crisis migratoria generada por el decreto. La gestión de la regularización se ha convertido en un elemento de disputa política, con el Ayuntamiento exigiendo mayor colaboración y recursos que, en su opinión, no se están proporcionando.

De cara al futuro, las autoridades municipales continúan presionando para que el Gobierno de España asuma responsabilidades y garantice una gestión eficiente y transparente. La situación pone en evidencia la necesidad de mejorar la coordinación institucional en cuestiones migratorias y de protección social, en un contexto de cambios legislativos y desafíos sociales crecientes.