En Zaragoza, el 15 de agosto, el portavoz del grupo CHA en las Cortes de Aragón, José Luis Soro, ha planteado una propuesta en el Parlamento que busca un sistema de financiación autonómica más equitativo para la región aragonesa.

Según Soro, Aragón ha estado sometido a un modelo penalizador durante casi 20 años, atribuible a aspectos como su baja densidad poblacional y el envejecimiento de su ciudadanía. "No pedimos nada que se asemeje a un privilegio; simplemente queremos justicia y la aplicación efectiva de nuestro Estatuto", subrayó el portavoz de CHA.

La propuesta presentada pone de manifiesto que el sistema de financiación actual, que se encuentra en vigor desde 2009, ha fallado repetidamente en sus compromisos de revisión. Además, se argumenta que este modelo no considera las singularidades socioeconómicas y territoriales de Aragón, lo que pone en riesgo la prestación de servicios públicos esenciales como la sanidad, la educación y los recursos sociales.

Soro también destacó que el coste real de los servicios, así como la dispersión geográfica y el esfuerzo fiscal de la comunidad, no han sido ponderados adecuadamente en los últimos años. Esto ha conducido a un "desequilibrio estructural que afecta a nuestro autogobierno", asevera.

La iniciativa de CHA incluye cuatro propuestas concretas dirigidas tanto al Gobierno de Aragón como al Gobierno central. Se solicita con urgencia la negociación de un pacto económico-financiero entre ambas partes para asegurar una financiación que respete la autonomía fiscal y la corresponsabilidad de Aragón.

Además, reclaman la presentación de un proyecto de ley para crear la Agencia Tributaria de Aragón, respaldado por una mayoría en las Cortes desde diciembre de 2024, conforme al artículo 106 del Estatuto.

La tercera propuesta gira en torno a la creación de alianzas con otras comunidades autónomas que enfrenten desafíos demográficos similares, con el fin de abogar colectivamente por un modelo que contemple el coste efectivo de los servicios públicos.

Finalmente, se exige al Gobierno de España que se active de manera inmediata la reforma del sistema de financiación autonómica, instalando un modelo que sea justo, transparente y que refleje adecuadamente la realidad aragonesa.