El voto rogado ha sido una polémica medida electoral que ha generado críticas desde que se implementó en 2011. Esta medida hacía que los ciudadanos españoles que vivían en el extranjero tuvieran que solicitar el derecho a votar en las elecciones generales y autonómicas de su país de origen. Esta restricción fue impuesta por el Partido Popular en una reforma electoral que fue duramente criticada, pues se consideraba que atentaba contra el derecho al sufragio de los ciudadanos españoles residentes en otros países.
Ahora, tras diez años de vigencia y una larga batalla judicial, los partidos políticos han acordado abolir esta medida en las elecciones autonómicas. El debate se ha centra en si también se debería eliminar en las elecciones generales, pero no se ha llegado a un acuerdo.
El apoyo a la eliminación del voto rogado ha sido unánime entre los diferentes grupos parlamentarios. Todos coinciden en que es un obstáculo para el ejercicio del derecho al voto y que ha creado barreras innecesarias para los ciudadanos españoles que residen en el extranjero.
El Partido Socialista y Podemos han sido los impulsores de este cambio. El primero, en el gobierno que lidera Pedro Sánchez, ha presentado una propuesta para derogar esta medida en las elecciones autonómicas, propuesta que ha sido apoyada por todos los grupos parlamentarios a excepción de Vox. Podemos, por su parte, ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados para que se elimine también en las elecciones generales.
Este fue un tema muy candente en las últimas elecciones autonómicas en Galicia y País Vasco, donde Podemos pidió el voto para que se revocara esta medida. La formación morada ha exigido que se derogue para que los ciudadanos españoles que viven en el extranjero puedan ejercer su derecho al voto sin tener que pasar por engorrosos procesos burocráticos.
La defensa del voto rogado ha sido un tema recurrente en el Partido Popular, que fue quien implementó la medida en 2011. Sin embargo, ahora este partido también ha apoyado la abolición del voto rogado en las elecciones autonómicas. En una reciente reunión con el presidente del gobierno, el líder del PP Pablo Casado abogó por la eliminación del voto rogado en estas elecciones.
Ciudadanos también ha manifestado su apoyo a la medida. El partido naranja ha venido defendiendo la necesidad de facilitar el acceso al voto para los ciudadanos españoles que viven en el extranjero, lo que redundará en una mayor participación ciudadana en los procesos electorales.
Vox ha sido el único partido que ha defendido el mantenimiento del voto rogado.Esta formación argumenta que esta era una medida necesaria para evitar el fraude electoral en las elecciones generales. La formación liderada por Santiago Abascal defiende que este proceso facilitaba que los ciudadanos españoles que residían en otros países y que querían votar en las elecciones hicieran una solicitud expresa que validara su deseo de votar.
En general, la abolición del voto rogado ha sido muy bien recibida por la sociedad española. Esta medida ha sido estigmatizada como una maniobra autoritaria para impedir el ejercicio del derecho al voto de los ciudadanos españoles residentes en otros países. Ahora, con su abolición, se elimina una barrera para la participación democrática que ha recibido críticas desde diversos sectores.
La abolición del voto rogado supone un paso adelante en la evolución del sistema electoral español. Es un ejemplo de cómo la política puede unir a las diferentes fuerzas parlamentarias en la tarea de mejorar la democracia y dar respuesta a las demandas de la ciudadanía.
La eliminación del voto rogado en las elecciones autonómicas es una medida que ha contado con el apoyo unánime de los diferentes grupos parlamentarios. Esta medida ha sido largamente demandada por la sociedad española y se considera un paso clave para la consolidación de una democracia moderna. Ahora queda por ver si esta medida será extendida a otros procesos electorales, como las elecciones generales. En cualquier caso, esta reforma supone un paso adelante en la lucha por unos procesos electorales más inclusivos y accesibles.