Este miércoles, en un significativo acto, los presidentes de Gobierno de Aragón y de la Xunta de Galicia, Jorge Azcón y Alfonso Rueda, respectivamente, han sellado un importante acuerdo que busca revitalizar y modernizar la Declaración de Santiago, que fue firmada en 2021. Este nuevo pacto tiene lugar en un contexto donde se hace cada vez más urgente la reforma del sistema de financiación autonómica, sobre todo en vista de los “privilegios” que se han otorgado a Cataluña en el ámbito financiero. Junto a estos dos mandatarios, las Comunidades Autónomas de La Rioja, Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Castilla-La Mancha y Asturias también estarán involucradas en la discusión de este nuevo marco.

La reunión tuvo lugar en el emblemático edificio Pignatelli, sede del Gobierno aragonés, donde Azcón recibió a Rueda. Posteriormente, ambos presidentes se trasladaron a la Basílica de Nuestra Señora del Pilar, y Rueda tuvo la oportunidad de reunirse con la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca. Este encuentro marca la primera visita oficial de un presidente autonómico a la capital aragonesa desde la llegada de Azcón al poder.

Durante sus conversaciones, los líderes discutieron varios temas de interés común que abarcan áreas como la sanidad, la inteligencia artificial, la energía y el turismo, además de los aspectos clave de la financiación autonómica. Ambos presidentes subrayaron la importancia de los lazos que unen a Aragón y Galicia, enfatizando que comparten características comunes como la extensa geografía, la dispersión de la población y el envejecimiento demográfico. Azcón y Rueda calificaron este encuentro como “muy provechoso” para ambas comunidades.

El acuerdo firmado cuenta con cinco puntos clave. En primer lugar, reafirma la “plena vigencia” de la Declaración de Santiago y señala que no se han realizado “avances significativos” desde su firma. En este contexto, ambos presidentes expresaron su rechazo a la financiación privilegiada que se ha negociado de manera bilateral con determinadas autonomías. También abogaron por un nuevo sistema que respete los principios constitucionales de igualdad y solidaridad, prestando especial atención al coste real de los servicios públicos.

La principal demanda de Azcón y Rueda es que el futuro sistema de financiación autonómica debe reflejar el coste real de los servicios. Azcón hizo hincapié en que Aragón tiene 745 centros de salud por cada millón de habitantes, en comparación con la media nacional de 275. Asimismo, destacó que Galicia alberga el 13% de todos los centros de salud del país. En términos educativos, Aragón tiene 433 colegios por cada 100,000 alumnos, y en Galicia la cifra asciende a 454, frente a una media nacional de 346. “Necesitamos mejorar nuestras infraestructuras para ofrecer servicios de calidad frente a otras Comunidades Autónomas”, afirmó Azcón.

El presidente aragonés insistió en que la Declaración de Santiago sigue siendo relevante porque, desde 2021, no solo no ha habido mejoras consideradas, sino que el Gobierno de España ha promovido concesiones que ponen en riesgo los principios de igualdad y solidaridad, refiriéndose específicamente a los beneficios extraordinarios concedidos a Cataluña y la condonación de deudas. Por tanto, el documento firmado este miércoles conserva “los mismos principios, los mismos valores y la misma filosofía” que se acordaron en 2021 en Santiago.

Azcón puntualizó que el nuevo sistema debe asegurar una asignación de “más dinero”, debe ser resultado de negociaciones multilaterales y debe ajustarse a principios fundamentales de igualdad y solidaridad. Además, enfatizó la urgencia de esta actualización ante lo que considera “privilegios” que el Ejecutivo central está dispuesto a ceder.

Alfonso Rueda se alineó con Azcón al señalar que el documento firmado clarifica muchas cuestiones que han estado en discusión durante los últimos meses. Rueda también advirtió que, a pesar de que algunas autonomías firmantes han cambiado de signo político, los problemas persisten y se han intensificado. “Lo que es de todos se discute entre todos”, enfatizó, abogando por la multilateralidad en lugar de negociaciones bilaterales que dejen fuera a otras comunidades.

El presidente gallego destacó que la reafirmación de lo acordado en Santiago hace cuatro años no es un acto en contra de nadie, y se mostró optimista de que ocho de las diecisiete Comunidades Autónomas están alineadas con su causa, así como de que las seis restantes girarán hacia el acuerdo. En cuanto a la crisis de financiación, ambos presidentes apuntaron sus críticas hacia la condonación de deuda pactada entre el PSOE y ERC, argumentando que no se trata de condonación sino de subrogación, lo que implica un reparto injusto de las cargas financieras entre comunidades.

Azcón denunció que “los aragoneses no deberían tener que pagar las deudas generadas por los independentistas en Cataluña”, y dejó entrever que desearía escuchar la opinión de la ministra aragonesa, Pilar Alegría, sobre el tema, recordando que hasta la fecha no ha pedido disculpas por sus comparaciones entre la financiación singular de Cataluña y las ayudas al funcionamiento en Teruel. El presidente aragonés también recordó las promesas incumplidas del PSOE respecto a la amnistía y los indultos, cuestionando la seriedad de sus compromisos.

Rueda, quien defendió que Galicia mantiene un nivel de endeudamiento “muy razonable”, coincidió en que “la deuda no desaparece, hay que repartirla entre todos”, y subrayó que esta situación representa un “negocio ruinoso” para la mayoría de las comunidades autónomas. Cuando se le cuestionó sobre posibles discrepancias entre las comunidades gobernadas por el Partido Popular, Rueda destacó que este tema va más allá de la política de partidos, insistiendo en que están cumpliendo su responsabilidad de representar a sus territorios.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, planteó en la última Conferencia de Presidentes la idea de establecer un Consejo de Política Fiscal y Financiera donde se discutiera la condonación de la deuda, algo que fue rechazado por los representantes del PP, quienes argumentan que no se puede hablar de condonación sin abordar primero el tema de la financiación, que es el aspecto realmente relevante.

Finalmente, Azcón reiteró su compromiso de defender “cada uno de los artículos del Estatuto de Autonomía de Aragón”, que establece la bilateralidad con el Estado, advirtiendo sobre la importancia de discutir ciertas cuestiones de esa manera. No obstante, insistió en que “lo que afecta a todos debe ser discutido por todos”, en referencia a la reforma del sistema de financiación autonómica.

El presidente aragonés concluyó haciendo hincapié en que “los presupuestos no son ilimitados” y que los recursos no se pueden “estirar como un chicle”, enfatizando la necesidad de decidir si se destinan los fondos a pagar deudas o a financiar servicios públicos esenciales.