Aragón incrementa su gasto en dependencia a 348,8 millones en 2025, pese a falta de financiación estatal equitativa

En 2025, el gasto total en servicios y prestaciones del Sistema de Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en Aragón alcanzó los 348,8 millones de euros, lo que representa un incremento del 9,17% respecto a 2024. La financiación autonómica aportó el 68,16%, mientras que el Estado contribuyó con el 31,84%, una proporción que dista significativamente del 50% establecido por la Ley de Dependencia de 2006.

Este desequilibrio en la financiación refleja la situación política en la que la comunidad autónoma asume la mayor parte del gasto, pese a las obligaciones legales del Estado. La consejera en funciones de Bienestar Social, Carmen Susín, ha reiterado la reclamación para que el Gobierno central asuma su parte del 50%, equivalente a casi 127 millones de euros en 2025, fondos que podrían destinarse, por ejemplo, a la construcción de residencias públicas.

El incremento en la inversión autonómica, de 209,2 millones en 2024 a 237,7 millones en 2025, evidencia un esfuerzo del Ejecutivo aragonés, aunque las relaciones con el Gobierno de España siguen marcadas por la discrepancia en el cumplimiento del marco legal. La aportación estatal apenas creció en un millón de euros en el mismo periodo, alcanzando 111 millones.

De los fondos totales, 230 millones se dirigieron a centros residenciales y otros servicios, mientras que 118,7 millones fueron destinados a prestaciones económicas, destacando 68,1 millones en cuidados en el entorno familiar. Este reparto refleja un énfasis en la atención residencial y servicios relacionados con la dependencia.

El Ejecutivo aragonés también ha anunciado incrementos en los precios por plaza y en el Acuerdo Marco de Mayores, que garantizan mejoras salariales y sostenibilidad del sistema. La subida acumulada supera el 23,5%, consolidando una mayor estabilidad en la atención a los mayores, en un contexto donde la financiación estatal sigue siendo insuficiente.

En un marco más amplio, la situación en Aragón ejemplifica las tensiones entre las comunidades autónomas y el Estado en materia de dependencia, un ámbito que requiere mayor coordinación y cumplimiento de la ley para garantizar prestaciones equitativas y sostenibles a largo plazo, en un contexto político donde las transferencias de fondos siguen siendo un desafío.