Aragón exige al Ministerio el cumplimiento del Plan de Adaptación Climática en centros educativos

El Gobierno de Aragón ha reclamado formalmente al Ministerio de Educación que financie y ponga en marcha el Plan de Adaptación Climática en los centros educativos públicos, anunciado en 2022 y aún sin ejecutar. La consejera Carmen Susín remitió una carta a la ministra Milagros Tolón, demandando claridad sobre el estado de este plan, que inicialmente contaba con una inversión superior a 200 millones de euros y una cooperación territorial prevista.

Este plan, que fue anunciado por la anterior ministra Pilar Alegría, no ha sido incluido en los Presupuestos Generales del Estado ni ha recibido financiación concreta. La comunidad educativa continúa sin una respuesta efectiva, a pesar del incremento en las temperaturas y las condiciones que afectan la infraestructura escolar, especialmente en centros con edificaciones de mayor antigüedad.

Desde Aragón se subraya la importancia de una acción coordinada a nivel nacional para garantizar condiciones adecuadas en los centros, ya que la adaptación al cambio climático se considera una prioridad para la comunidad educativa. La falta de cumplimiento del compromiso afecta la capacidad de las administraciones autonómicas para responder a los efectos del calor en las aulas, poniendo en riesgo la salud y el bienestar del alumnado y el personal docente.

Por su parte, el Gobierno de Aragón ha iniciado acciones propias, como la climatización de aulas y la puesta en marcha del plan 'Aulas que respiran', que busca evaluar necesidades y priorizar soluciones. Sin embargo, la consejera Susín insiste en que solo mediante una colaboración efectiva con el Ministerio se podrá afrontar de manera integral esta problemática.

La próxima Conferencia Sectorial de Educación, prevista para el 3 de junio, será el escenario en el que Aragón solicitará formalmente el debate y la actualización sobre el plan. La comunidad espera que el Ministerio asuma su responsabilidad y financie una intervención que es considerada de interés general y que afecta a todo el sistema educativo nacional.

En un contexto más amplio, esta reclamación refleja la necesidad de una política educativa que contemple la adaptación al cambio climático como un elemento esencial. La comunidad educativa demanda mayor compromiso y recursos para garantizar condiciones seguras y saludables en los centros, en un escenario donde las temperaturas extremas parecen aumentar en los próximos años.