Abogado de Sijena amenaza con acciones legales si se desestima la denuncia de exconsellers.

En un nuevo giro del conflicto sobre la herencia cultural de España, el abogado que representa al Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, ha anunciado su intención de llevar a cabo acciones legales por calumnias contra cinco exconsellers de Cultura de Cataluña. Esta decisión se produce tras su reciente querella en relación con el retorno de las pinturas murales al Monasterio de Santa María de Sijena, ubicado en Huesca. Español considera que, si el Tribunal Superior de Justicia de Aragón decide no proceder con la querella, su equipo tomará medidas por las acusaciones infundadas realizadas.

El grupo de exconsellers, compuesto por figuras como Lluís Puig y Laura Borràs, presentó su queja dirigida a la jueza de Huesca que se encarga de aplicar la sentencia que ordena la restitución de estas obras al monasterio. En su querella, argumentan que el traslado plantea un "peligro cierto de deterioro o destrucción" de las pinturas, y buscan atribuir responsabilidades penales al Gobierno de Aragón y al Ayuntamiento de Sijena por presuntos delitos de prevaricación y atentados contra el patrimonio cultural.

A pesar de que aún no ha recibido notificación oficial de la querella, Español estima que en aproximadamente dos semanas podría haber una decisión del TSJA. No obstante, él considera que es altamente probable que la corte decida no admitir dicha querella, lo que abriría la puerta a acciones legales por calumnias contra sus autores, a quienes califica de "sin fundamento" y "totalmente inadmisibles".

El letrado ha expresado confianza en que sus representados se encuentran en una posición sólida, afirmando que "no hay ningún delito" en la actuación del Ayuntamiento ni en la de la jueza, quien solo está cumpliendo con su deber de ejecutar la sentencia. De hecho, Español sostiene que es la jueza quien podría incurrir en responsabilidad si no lleva a cabo dicha orden, algo que, según él, es precisamente lo que buscan los exconsellers.

Español también ha manifestado su preocupación por la presión que estos exfuncionarios intentan ejercer sobre la jueza, asegurando que dicha estrategia busca intimidar a quienes están simplemente realizando su labor judicial. "No vamos a retroceder ni el Gobierno de Aragón lo hará", declaró, asegurando que se mantendrán firmes en la defensa de la ley y la justicia.

La protección del trabajo de los jueces, según Español, es crucial en este ámbito, ya que permitir que se presenten querellas infundadas contra aquellos que cumplen con su deber solo abriría la puerta a abusos en el sistema judicial. "No se puede permitir que se ataque la integridad de nuestros magistrados, especialmente cuando actúan conforme a la ley", concluyó, convencido de la claridad que tendrá el tribunal en relación con este asunto tan delicado y polémico, que considera una ofensa a la justicia.