La empresa neerlandesa Juicy Fields presuntamente estafó a más de 40.000 inversores españoles con un posible esquema Ponzi ofreciendo rentabilidades adicionales de hasta el 66% a lo invertido en cultivos de cannabis para su venta posterior como CDB. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite la querella interpuesta, habiendo ya más de 1.700 querellados y más de 1.000 afectados que se han personado a través de la Asociación de Afectados por Inversiones en CBD con una demanda colectiva.

El magistrado encargado del caso, Manuel García-Castellón, ha incluido en la causa 117 inversores que denunciaron en comisaría y cuyos nombres aportó la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía. La tipología de inversores es diversa y los afectados ascenderían a más de 120.000 por todo el mundo. Los diferentes bufetes personados en la causa se reunirán para trazar una estrategia común y ofrecer sus servicios a los afectados que no cuentan aún con representación legal.

Los querellantes entienden que la estafa se basa en atraer inversores o clientes y pagarles sus rendimientos con fondos que se consiguen de nuevos ahorradores. Además, Juicy Fields no contaba con el visto bueno del supervisor del mercado español para operar, aunque sí contaba con oficinas en España. La Audiencia Nacional investigará la titularidad de las cuentas y requiere a la Comisión Nacional del Mercado de Valores que informe sobre el “conocimiento que pudieran tener de la actividad de Juicy Fields”.

La empresa ofrecía invertir en la plantación, cultivo y recolección de marihuana para venderla posteriormente como CDB, y una vez cosechada la plantación, devolvían el préstamo más un beneficio adicional de entre el 29% y el 66%. Los inversores podían aportar hasta 180.000 euros a través de transferencias de dinero fiat o con criptomonedas, aportando solo un correo electrónico para comunicarse y una cuenta bancaria o un wallet en caso de que se operase con criptodivisas. La empresa desapareció abruptamente el pasado 13 de julio.