El Gobierno de Zaragoza ha tomado la decisión de privatizar el control de accesos y la seguridad del Edificio Seminario, un paso que afectará a 28 agentes de la Policía Local actualmente encargados de estas funciones.

Este cambio se enmarca dentro de la estrategia del Ayuntamiento para redirigir recursos y optimizar la seguridad pública. El consejero municipal de Presidencia y Seguridad Ciudadana, Ángel Lorén, anunció que esta iniciativa busca aumentar la presencia policial en las calles y, al mismo tiempo, generar un ahorro significativo para el presupuesto municipal, estimado en 3,3 millones de euros durante un lapso de cuatro años.

Durante una reciente rueda de prensa, Lorén enfatizó la importancia del servicio que se estaba privatizando, señalando que “es necesario continuar prestando este servicio, pero es indispensable reorientarlo”. Cabe recordar que el Edificio Seminario alberga diversos departamentos esenciales que atraen a numerosos ciudadanos, como los servicios de urbanismo, licencia y recaudación fiscal, entre otros.

La decisión de contratar a una empresa de seguridad privada se considera adecuada por el Ayuntamiento, ya que permitirá que los agentes de Policía Local se concentren en sus funciones más críticas, como la regulación del tráfico, la elaboración de informes sobre accidentes y la intervención en casos de delitos y emergencias.

Entre las tareas que asumirán los agentes hay diversas actividades que garantizan el orden y la seguridad pública, tales como la supervisión del tráfico vehicular en áreas urbanas y la colaboración con organismos de protección civil, lo que refleja el compromiso por parte de la administración municipal en mantener la seguridad y protección de los ciudadanos.

El contrato para el servicio de seguridad privada estipula que el edificio debe estar abierto de 07:00 a 21:30 horas, pero se prevé que la empresa comience sus servicios a las 06:45 y los mantenga hasta las 21:45 horas para garantizar una cobertura constante. Esto asegurará que las instalaciones estén listas para recibir a los funcionarios y ciudadanos desde el inicio del día.

Además, se establecerán provisiones para la prestación de servicios especiales durante eventos que ocurran fuera del horario habitual, una medida que ha subrayado Lorén, reafirmando que el personal de seguridad privado no solo se encargará de la vigilancia diaria, sino que también estará disponible para atender situaciones excepcionales que requieran la apertura del edificio durante los fines de semana o en ocasiones especiales.

Finalmente, es relevante mencionar que el contrato inicial tiene una duración de tres años, aunque existe la posibilidad de una prórroga de hasta dos años adicionales, lo que permite a la administración evaluar la efectividad del nuevo modelo de seguridad y su impacto en la comunidad local.